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El juez del 'caso Mogán' sigue la pista de Anfi Tauro en el Gobierno canario

SANTANA CAZORLA IBA A REUNIRSE EN TENERIFE CON EL CONSEJERO BERRIEL EL LUNES DE SU DETENCIÓN

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No iba a comprar un hotel. Tenía una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel (CC). Pero el presidente del Grupo Anfi, Santiago Santana Cazorla, no pudo llegar el lunes a la cita en Tenerife, para tratar con el Gobierno sobre la declaración de interés general de su urbanización en Tauro.

Fue detenido por la policía dentro de la Operación Góndola, el mismo día en que se iba a celebrar un Consejo de Gobierno. Y el juez que instruye el caso Mogán se ha interesado por el asunto. Por las presuntas presiones del constructor y promotor turístico ante el Gobierno de Canarias, una vez constatadas las discrepancias entre los técnicos y el empresario sobre el número de camas a autorizar en plena moratoria turística.

Anfi Tauro no es el eje central de la trama de presunta corrupción en Mogán, que se ha saldado con nueve imputaciones hasta el momento, entre ellas, el alcalde del PP, Francisco González. Pero Anfi Tauro, y en concreto la solicitud cursada por el Cabildo de Gran Canaria que preside José Manuel Soria (PP), para que el Parlamento canario declare de interés general la construcción de 3.600 camas en el barranco de El Lechugal, puede dar un salto cualitativo en la investigación judicial.

Porque de las pesquisas realizadas se deriva la existencia de contactos entre Santana Cazorla, en libertad sin fianza e imputado de un delito de tráfico de influencias y otro contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, y el consejero autonómico del ramo, Domingo Berriel.

El propio Berriel confirmó a este diario la noche de este jueves la existencia de esos contactos. El consejero aseguró, sin embargo, que nunca ha recibido presiones de Santiago Santana Cazorla "ni de nadie porque yo no me dejo presionar".

Eso sí, reconoció que "existen discrepancias entre los informes técnicos que se han eleborado en la Consejería y el grupo empresarial a cuenta del número de camas, evaluadas en función de las infraestructuras que aporta el proyecto" turístico en el barranco moganero, ideado en un principio por el copropietario, ya fallecido, Björn Lyng.

Domingo Berriel explicó a CANARIAS AHORA que "efectivamente, todos los empresarios están pidiendo, continuamente, que se lleve su declaración de interés general a Consejo de Gobierno", y aunque el lunes pasado había reunión del Ejecutivo en Santa Cruz de Tenerife, "yo mismo pedí a la secretaría general técnica que no elevara el informe al Consejo porque estoy a la espera de otro informe complementario, de tipo jurídico, para llevar el asunto en la próxima reunión del Consejo o en la siguiente, este mismo mes".

La mitad de las camas

El consejero del Gobierno de Canarias también reconoció que ese mismo lunes, aunque oficialmente en su agenda no estaba prevista ninguna reunión con Santiago Santana Cazorla, hizo hueco al empresario para reunirse con él en Tenerife.

"Había Consejo de Gobierno y tenía tiempo, por eso Santana Cazorla viajaba a Tenerife para tratar ese tema, esas discrepancias que existen sobre el número de camas", y ante las cuales "se piden explicaciones y justificaciones, porque creo que los empresarios tienen derecho a defender sus intereses, que la gente defienda sus tesis, pero sin ningún tipo de presiones, porque yo no las permitiría". Pero la reunión no llegó a producirse. La orden judicial de detención truncó la cita.

Las "discrepancias" sobre Anfi Tauro entre el grupo empresarial y el gobierno autónomo son simples: la solicitud tramitada por el Cabildo de Gran Canaria, después de que su presidente provocara una gran polémica política, al viajar José Manuel Soria gratis en el jet privado de Björn Lyng a la pesca del salmón en Noruega, reseña que son 3.600 camas las que solicitan en el barranco de El Lechugal.

Los informes de la Consejería, sin embargo, "salen a unas 1.700 o 1.800 camas", en torno a la mitad de la propuesta del Grupo Anfi. Y el Grupo Anfi, que está en negociaciones con la cadena estadounidense Sheraton para la posterior venta de la urbanización turística, necesita el total de las 3.600 camas para cerrar la operación con el grupo ya instalado en El Salobre.

Acerca de todas estas cuestiones se interesó el martes pasado el juez José Alexis Reyes Negrín, que desde el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana instruye la investigación sobre la vasta trama de corrupción descubierta en Mogán, en la que Anfi Tauro fue la denuncia original presentada por las ex concejalas del PP Carmen Delia Melián e Isabel Santiago, ahora en Nueva Canarias.

El magistrado interrogó a Santana Cazorla sobre el estado administrativo de la solicitud de interés general para Anfi Tauro y de las gestiones que haya realizado el empresario para aligerar su tramitación.

Al respecto, Domingo Berriel explicó a este diario que "es normal que empresas que tienen asuntos pendientes del Gobierno se interesen por su tramitación" y, aparte de Anfi Tauro, citó que en la misma situación se encuentra el grupo Lopesan, pendiente de que se aprueben otras 3.000 camas en Meloneras.

En Tenerife, por ejemplo, también han solicitado la declaración de interés general la urbanización Abama, en Guía de Isora, y otro hotel de tipo familiar en Adeje. La única autorización hasta el momento desde la entrada en vigor de la moratoria turística en 2003 ha sido para el hotel del campo de golf de Buenavista del Norte, en Tenerife.

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