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Municipios canarios harán de activistas antidesahucios

FORMARÁN A TRABAJADORES SOCIALES

Sólo una entidad financiera en las islas ha accedido a firmar con la Fecam un convenio de actuación para agotar todas las vías en el caso de desahucios.

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La Federación Canaria de Municipios (Fecam) advirtió este jueves a la banca que los ayuntamientos van a ejercer de "activistas institucionales" contra los desahucios y anunció cursos de formación para trabajadores sociales y empleados municipales para "hacer frente a la maquinaria voraz" de muchas entidades financieras.

Este pronunciamiento fue realizado por el responsable de vivienda de la Fecam, Ignacio Rodríguez Jorge, después de que solamente una entidad financiera en las islas haya accedido a firmar con la federación un convenio de actuación para agotar todas las vías de diálogo en el caso de desahucios.

Tres de las entidades financieras ni siquiera han respondido a la invitación de la Fecam para tratar de la posibilidad de firmar ese convenio, reveló el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, quien no obstante rehusó identificarlas públicamente.

El resto de entidades, sí han aceptado entrevistarse con representantes de la Fecam, pero solamente una, CajaSiete, una cooperativa de crédito tinerfeña con 85 oficinas en Canarias, ha aceptado firmar el convenio, por el que se compromete a dialogar con las familias afectadas con la intermediación del ayuntamiento respectivo en caso de desahucio.

José Manuel Garrido, director de relaciones institucionales y de comunicación de CajaSiete, suscribió este jueves ese convenio con el presidente de la Fecam y subrayó que el compromiso se basa en aceptar la intermediación de los ayuntamientos para buscar soluciones alternativas al desalojo.

"Si la situación real de la familia afectada está avalada por los servicios sociales municipales, da más garantías a la entidad", explicó Garrido para justificar la adhesión de la cooperativa de crédito al protocolo.

Agregó que en cualquier caso CajaSiete no practica desahucios sin agotar antes todas las vías, pero con este protocolo se garantiza la interlocución con el ayuntamiento respectivo, que es el que realmente conoce el problema social de los afectados.

Destacó que CajaSiete no tiene grandes problemas inmobiliarios porque se mantuvo al margen de la burbuja para no asumir riesgos excesivos, lo que le ha permitido mantener su solvencia durante la crisis.

Al tratarse de una cooperativa con 40.000 participantes y tener su centro de decisión en Canarias, CajaSiete mantiene una especial sensibilidad y responsabilidad social, agregó.

Ignacio Rodríguez Jorge, vicepresidente tercero de la Fecam y responsable de vivienda de esta federación, agradeció a los movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios el haber sensibilizado a la sociedad y a las instituciones sobre este problema social.

Alabó la actitud de CajaSiete al suscribir el convenio con la Fecam y confió en que sirva de ejemplo a otras instituciones financieras para dar ese paso.

Para Rodríguez Jorge, el convenio supone introducir un planteamiento "realista y humano" al comprometerse la entidad a no realizar ningún desahucio sin la intermediación del ayuntamiento

"Vamos a ser activistas institucionales frente a los abusos de las entidades que no estén dispuestas a resolver el problema de las familias, somos unos activistas más", advirtió, y subrayó que algunos ayuntamientos ya han retirado sus cuentas de las entidades que han rechazado dialogar.

Anunció la organización de jornadas formativas en todas las islas dirigidas a trabajadores sociales y empleados municipales para proporcionarles las herramientas con las que "hacer frente a la maquinaria voraz de muchas entidades financieras".

En esas jornadas formativas van a participar representantes de la PAH a nivel nacional y regional, así como jueces "que han dictado sentencias que favorecen primero a las personas".

También se ha invitado a representantes de la Junta de Andalucía, que recientemente ha dictado un decreto contra los desahucios, y del Gobierno de Canarias, que ha anunciado que seguirá los pasos de los andaluces.

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