Nueva ley para simplificar el planeamiento territorial
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, volvió a responder hoy ante el Parlamento, ante una comparecencia del Grupo sobre la futura ley de simplificación de la normativa territorial que prepara su departamento, que la base de la misma es “la simplificación del planeamiento”.
Berriel detalló que el Título I contendrá las medidas de simplificación, transparencia y urbanísticas, “en base a una sustancial reducción de los trámites correspondientes a las fases insular y municipal”, y a la sustitución de informes y controles administrativos de las distintas instituciones “por un mayor autocontrol y responsabilidad de los equipos redactores que, con la configuración multidisciplinar adecuada y la debida acreditación, deberán garantizar la calidad y adecuación a la legalidad del trabajo de planeamiento comprometido”.
Un segundo título se ocupará de la evaluación ambiental de planes y proyectos, clarificando los tipos y procedimientos de evaluación, con acortamiento de plazos y eliminación de trámites repetitivos o innecesarios, externalizando hacia equipos multidisciplinares acreditados en materia ambiental, las tareas de evaluación y las propuestas de sus resoluciones.
El tercer título regulará, entre otros aspectos el régimen jurídico de la Red Natura 2000, tanto en lo referente a las propuestas de declaración y delimitación, como a las de su conservación. Todo ello con el propósito de dotar el uso de estos espacios de una mayor seguridad jurídica, compensar adecuadamente a los afectados, y ponderar su colisión con los proyectos de interés general.
Además, se crearán las figuras del “colaborador” y del “protector del Medio Ambiente”, que pretenden implicar a los habitantes del entorno de los espacios protegidos en las medidas de corresponsabilización y colaboración en la conservación y protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de los mismos, con las compensaciones adecuadas.
Por último, el nuevo texto incluirá un título dedicado a las medidas en materia de disciplina urbanística, territorial y ambiental “que modificará el actual régimen jurídico sancionador, para potenciar una filosofía de incentivación de la autocorrección y restablecimiento del orden físico ilegítimamente alterado”.
Así, el texto “introduce la figura de la mediación y negociación previa al último paso de la sanción”, asegura la Consejería en un comunicado.
Además, en el caso de que esta mediación no llegue a buen término, la norma acomoda la cuantía a criterios de mayor proporcionalidad, introduciendo factores correctores de cuantificación en función de las circunstancias socioeconómicas del infractor, para alcanzar una justicia material y efectividad de la disuasión más adecuada.
Una vez explicados los esfuerzos para dar mayor agilidad y seguridad jurídica a la elaboración y aplicación de la normativa territorial, Berriel afirmó que se debe insistir para “no producir falsas expectativas a los ciudadanos”, puesto que la complejidad de la materia y la pluralidad de los destinatarios a los que afectará este marco normativo hacen que “no pueda concebirse desde la trivialidad”.
