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Once casos de corrupción centrarán la actividad judicial durante 2009

SIN OLVIDAR LOS JUICIOS PENALES PENDIENTES

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Caso Eólico, Faycán, Góndola, Paraíso, Las Teresitas, Tindaya, Tebeto, Salmón, Arona', Brisan, los hoteles ilegales en Lanzarote, y juicios por la vía Penal como el de la joven Yulisa, el presunto secuestrador Marcos R., o los de Expedita Santana, el presunto violador en serie Miguel Ángel M. R. y el mayor incendio de Gran Canaria llegarán previsiblemente a las salas de las Audiencias de Canarias durante el próximo 2009.

Las investigaciones previas y la carga judicial hace que los procedimientos que van a llegar a los juzgados el año que viene hubiesen comenzado, algunos, en 2006, como el caso Faycán.

El artículo 1 de la Ley del Jurado establece que los ciudadanos participan en la Administración de Justicia para delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, y así el Código Penal recoge en el artículo 419 y siguiente los delitos de cohecho, malversación de caudales, prevaricación, tráfico de influencias, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios, imputados a casi medio centenar de cargos públicos y a personas relacionadas con la administración.

Serán, por lo tanto, ciudadanos de a pie quienes deliberen la inocencia o culpabilidad de los políticos canarios que en los últimos años se han visto envueltos en casos de presunta corrupción.

La primera operación que puso en jaque a los responsables políticos de las Islas fue el conocido como caso Eólico, una trama de presunta corrupción centrada en la gestión de la energía eólica de las Islas, iniciada por la denuncia que presentó en marzo de 2005, el empresario Alberto Santana.

En febrero de 2006 comenzó una serie de detenciones de cargos públicos que acostumbró a los canarios a ver cómo se llevaba a cabo procedimientos que hasta ahora sólo se habían visto en televisión con la reciente y glamourosa operación Malaya.

El caso Eólico inició su vendaval con las detenciones, en febrero de 2006, en Gran Canaria y Madrid de Celso Perdomo, entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias, su novia Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria; Honorato López, jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias; Wilebaldo Luis Llanes, titular de una red de empresas, y Alfredo Briganty, secretario del consejo de administración de la empresa promotora de recursos eólicos, el empresario Enrique Guzmán; y Jesús González Martin, jefe de tesorería de La Caja Insular de Ahorros de Canarias.

En el marco de esta investigación surge un nuevo caso que afecta al presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, y provoca que tenga que apartarse de su cargo. Mientras se realizaban escuchas telefónicas a uno de los presuntos implicados en el caso Eólico, Wilebaldo Luis Llanes, los investigadores encuentran conversaciones entre Llanes y Martín.

De esta pieza separada se desprenden "supuestos hechos delictivos referidos a la actuación ilegal que promoviese o favoreciese la puesta en libertad de Rafael Bornia Bordón [y amigo de Wilebaldo Luis Llanes], procesado por un delito de tráfico de drogas por el que se encontraba en prisión provisional". En ella se concluía la posible participación en los nuevos hechos delictivos de José Antonio Martín Martin, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su sección primera.

Es en marzo cuando la fuerza eólica salpicó al municipio grancanario de Telde y sale a la luz el caso Faycán y, desde entonces, el número de imputados asciende a medio centenar, entre los que figuran el alcalde de la ciudad en aquel momento, Francisco Valido (PP); varios concejales de su partido y de su entonces socio en el pacto local, la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), Guillermo Reyes, empresarios y empleados municipales.

Caso Faycán

Muchas páginas de periódicos han llenado los protagonistas de este caso, como por ejemplo, el que se ha llamado clan Torres, pues se produjo la detención de la concejala del PP, María Antonia Torres, su marido Enrique Orts, asesor del Ayuntamiento y varios de sus hijos.

Una vez llegados a este punto, los canarios se acostumbran a que no sólo en la Marbella hay presuntos ladrones de guante blanco. La expectación durante meses a las puertas de los juzgados teldenses es imparable. El 7 de noviembre de 2007 la policía detiene al alcalde del municipio, Francisco Valido, y a cinco concejales más, iniciándose la era del faycanato.

Las garras de la corrupción amplían su cerco y bajan desde Las Palmas de Gran Canaria a Telde e incluso a Mogán. Se destapa la operación Góndola, donde la presunta corrupción urbanística alcanza al alcalde popular del municipio, Francisco Gonzalez, a la teniente de alcalde y a varios concejales.

Su punto álgido llegó cuando la Fiscalía Anticorrupción remitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada con escuchas telefónicas entre el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en este procedimiento, y el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín (CC), con el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y con el jefe del gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias. Finalmente la Justicia desvinculó al ex presidente de la Comunidad de su implicación en este caso.

La operación Paraíso amplía el radio de la corruptela a San Bartolomé de Tirajana a mediados de 2007 y comienza con seis detenciones, la principal la de Francisco Guedes, polémico político que en el anterior mandato municipal fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él.

Caso Brisan

Santa Brígida se impregna también de una nueva operación con Brisan cuando en octubre de 2004, Victoria Casas, acompañada de Antonio Ramírez, portavoz socialista en el momento de la denuncia y Amalia Bosch (Los Verdes) denunciaron a la Audiencia de Cuentas a los ex alcalde de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz; a Luis Troya, ex concejal de Urbanismo; a Antonio Ventura, empleado de la Concejalía de Vías y Obras, a tres interventores municipales y a un empresario.

El contenido de la denuncia es de contrataciones irregulares a empresas del entonces alcalde, Carmelo Vega, y de las que también se beneficiaba el responsable de Urbanismo, Luis Troya, por eludir la Ley de Contratos al utilizar vales municipales con arbitrariedad y por prestación de servicios sin contratos.

Es en 2008 cuando se remata el trabajo policial y la investigación judicial con las detenciones de siete personas que han destapado oficialmente cuatro años de sospechas en torno a la gestión del ex alcalde satauteño, Carmelo Vega (PP), detenido junto al también ex alcalde, Antonio Díaz, Luis Troya, Antonio Ventura, los interventores municipales Santiago Hernández, Antonio Ventura y Jacinto Hernández; y el empresario Pedro Morales

Recientemente, el periodista Carlos Sosa denunció al actual presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, y Manuel Fernández, secretario general del mismo partido. La denuncia está relacionada con un viaje a Noruega en 2005 con el propietario de la empresa Anfi Tauro, meses antes de que el Cabildo, que presidía el luego imputado, aprobara la creación de 3.600 camas hoteleras a favor del establecimiento, promoviendo la urbanización como excepción a la ley de moratoria vigente.

Tenerife

La isla de Tenerife también ha protagonizado casos de corrupción en los últimos años que llegarán a los juzgados en el nuevo año. Probablemente, el caso Arona llene las salas de los juzgados durante días. La denuncia contra la Junta de Gobierno del municipio por prevaricación afectó a la libertad de Roberto de Luis (aparejador) y Zenón Rodríguez (arquitecto), que abonaron una fianza de 80.000 euros cada uno.

El 11 de abril de 2008 se amplía la denuncia y afecta al gobierno actual, electo en mayo de 2007 por 41 licencias urbanísticas con informes negativos en el período diciembre 2006 al mismo mes de 2007.

Fuerteventura

En Fuerteventura, el caso Tebeto pone en jaque al Gobierno de Canarias con la denuncia de la empresa Sociedad Canteras Cabo Verde, SA, que se remonta al año 2004. La empresa entiende que dejó de ganar 104 millones de euros por una concesión minera que obtuvo entonces y que no pudo ejecutar en Montañetas de Tebeto (Fuerteventura) al cancelarse el expediente.

En ese momento, el consejero de Industria del Gobierno de Canarias era Luis Soria (PP), implicado en otros casos de presunta corrupción. La adjudicación de la licencia vulnera la Ley de Minas y va contra el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, según exponen los textos legales.

Siempre quedará Las Teresitas

El caso Las Teresitas cumple todos los requisitos fundamentales de la "eternización" de la justicia. Es complejo saber si los juicios se celebrarán este próximo año aunque sí volverán a centrar actividad judicial.

El denominado caso Las Teresitas se remonta a 1998 cuando los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González crean la sociedad Inversiones Las Teresitas y solicitan un crédito de 5.500 millones de pesetas a CajaCanarias, dándose la circunstancia de que González era en aquel momento vicepresidente de su comité ejecutivo.

Dicha anomalía es investigada por el Banco de España, pues entiende que uno de sus directivos podría tratar de darse un crédito a sí mismo con la única garantía de los terrenos a comprar en la zona de Las Teresitas.

Delitos variados

Finalmente, los casos penales del presunto secuestrador de la furgoneta blanca, Marcos R., detenido el pasado año y muy sonado por su trabajo en un crematorio de animales; el del violador en serie de La Feria (Las Palmas de Gran Canaria), cuya investigación continúa, el asesinato de Yulisa, cuyo juicio está señalado para enero, el enjuiciamiento del hombre que mató presuntamente a una niña coreana; o, últimamente, la trágica muerte de Iván Robaina en un cruel acto de violencia callejera.

Los incontables casos de hoteles ilegales en Lanzarote, los numeros de violencia de género y el mayor incendio de Gran Canaria, provocado presuntamente por un guarda forestal de Tejeda, para quien el fiscal solicita hasta 20 años de prisión, mantendrán las salas de los juzgados copadas de gran expectación mediática.

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