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El PP preguntará a Clavijo si se posiciona a favor de un Gobierno que defienda la "unidad de España"

Asier Antona requerirá a Fernando Clavijo un pronunciamiento institucional en su condición de presidente acerca de la incertidumbre política

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Asier Antona durante una intervención en el Parlamento de Canarias. Efe.

Asier Antona durante una intervención en el Parlamento de Canarias. Efe.

El presidente del grupo parlamentario Popular, Asier Antona, preguntará al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, en el pleno parlamentario de la próxima semana si comparte "el interés para Canarias" de que España cuente con "un Ejecutivo central que defienda los valores recogidos en la Constitución de 1978".

Asier Antona requerirá a Fernando Clavijo un pronunciamiento institucional en su condición de presidente acerca de la incertidumbre política en torno a la formación del Gobierno de la Nación tras las elecciones y de la "conveniencia para las islas" de la defensa de la unidad y de la convivencia constitucional en España, según ha informado este domingo el PP en un comunicado.

En el turno de preguntas al Gobierno, la portavoz del PP Australia Navarro preguntará a la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, por las consecuencias para los ciudadanos de la "fiesta" que, según sus propias palabras, organizó el Gobierno de CC y PSOE en la gestión de la Consejería de Bienestar Social durante la legislatura 2011-2015.

Tras la publicación de las listas de espera sanitarias del ejercicio 2015, el diputado Guillermo Díaz Guerra, planteará al consejero de Sanidad, Jesús Morera, si tiene previsto poner en marcha nuevas medidas y medios humanos y materiales para reducir de forma sustancial la espera media que sufren los pacientes canarios para realizar una prueba diagnóstica, ser atendidos por un médico especialista o someterse a una intervención quirúrgica.

Por último, el diputado Emilio Moreno preguntará al consejero de Presidencia, Aarón Afonso, cuándo dará cumplimiento el Gobierno regional a las previsiones contenidas en las leyes de los municipios de Canarias y de Cabildos Insulares, aprobadas en 2015.

La portavoz parlamentaria Australia Navarro será la encargada de defender en el pleno la propuesta de creación de una comisión de estudio para la reforma del sistema electoral canario, una iniciativa compartida con los grupos de Podemos y Nueva Canarias, y a la que se ha sumado a última hora una propuesta similar de los grupos que apoyan al Gobierno (CC y PSOE).

El grupo parlamentario Popular considera que el objetivo compartido por la práctica totalidad de los grupos políticos es la creación de la comisión para que sea una realidad el comienzo de los trabajos parlamentarios encaminados a dotar a la Comunidad autónoma de un sistema electoral actualizado, plural y más respetuoso con la voluntad de los electores.

En el apartado de proposiciones no de ley, los populares presentan a instancias de la diputada Astrid Pérez una iniciativa para conminar al Gobierno a reformar la normativa que regula el alquiler vacacional en Canarias, de forma que se supriman exigencias legales que a día de hoy ponen en riesgo esta actividad económica de la que dependen 53.000 familias canarias y que ofrece alojamiento a 1 millón de turistas cada año.

Astrid Pérez reclama que la modificación del decreto de alquiler vacacional incorpore la modalidad de Bed and Breakfast, que no se sometan las viviendas a los regímenes de suelos y planes turísticos y que no se exijan habitualidad y finalidad vacacional al arrendador y al arrendatario, respectivamente.

Asimismo, el PP planteará una proposición para que la Consejería de Educación habilite una partida presupuestaria destinada a financiar el mantenimiento de las 221 guarderías públicas que existen en las islas.

La urgente necesidad de reformas la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias motiva la tercera proposición no de ley que defenderá el grupo popular, a través del diputado Miguel Jorge.

Miguel Jorge reclamará una vez más al Gobierno que proceda sin más dilación a la reforma de la normativa que impide o dificulta la construcción de nueva oferta hotelera no vinculada a la renovación, renunciando definitivamente a imponer nuevas exigencias legales a hoteles de nueva construcción, así como a la figura de la autorización previa del Gobierno cuando los ayuntamientos ya velan por la legalidad en el proceso de otorgamiento de licencia.

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