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El PP atribuye el ''varapalo'' a Emalsa a la ex subdelegada del Gobierno

POR DIRIGIR LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES ''UNA MILITANTE''

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El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera "un varapalo" a los servicios jurídicos municipales, por poner al frente de los mismos "a una persona del partido" socialista, la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del recurso ante el Supremo contra la anulación de la adjudicación del 66% de las acciones de la compañía del agua, Emalsa, a dos operadores privados en 1993. Los populares personalizan este asunto en la directora general de Presidencia y ex subdelagada del Gobierno en la provincia, Laura Martín.

"Ya dijimos que era una huída hacia adelante y que no cabía recurso de casación", señaló el concejal del PP Felipe Afonso poco antes del Pleno ordinario que el Ayuntamiento celebra este viernes en el auditorio Alfredo Kraus. "Era algo previsto", precisó, "cuando al frente de los servicios jurídicos se pone a una persona del partido y se actúa siguiendo consignas políticas y no razones técnico-jurídicas" como, según dijo, pasa desde que accedieron los socialistas al Ayuntamiento, ya que antes era un funcionario el que ocupaba ese puesto.

"Ahora lo que toca es negociar", apuntó Afonso en tono más conciliador. Para el edil del PP, esta situación es "una oportunidad" para que el Ayuntamiento mantenga el 51 por ciento de la compañía y "controle la mayoría de Emalsa", que fue precisamente la propuesta que la empresa ganadora del pleito judicial, Aquagest, planteó en su día.

Afonso considera que habría que negociar con esta empresa, y también con las actuales titulares del 66% del accionariado, privatizado en el concurso de 1993 ahora definitivamente anulado, Sacyr -que había comprado a Unelco Endesa su parte- y Saur, que se mantiene desde entonces en Emalsa. A juicio del concejal del PP, ahora "no se está gestionando correctamente el dinero de los ciudadanos" en la compañía, en alusión a la 'autoadjudicación' del contrato de saneamiento a Sercanarias, la entidad que controlan los socios privados de la compañía.

Por su parte, Nardy Barrios, portavoz de Compromiso, el partido socio del PSC-PSOE en el gobierno municipal, dijo que "desde el principio" su grupo entendía que el recurso no cabía, por lo que, apuntó, "ahora toca sentarse y solventar este traspaso".

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