El PSC pide la creación de una comisión de investigación sobre el 'caso Tebeto'
El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Blas Trujillo, anunció este miércoles que su partido ha presentado a la Mesa de la Cámara una solicitud para que se cree una comisión de investigación por el caso de la Montaña de Tebeto, en Fuerteventura. Trujillo aseguró en rueda de prensa que lo que está ocurriendo con la reclamación de la empresa Canteras Cabo Verde respecto a la Montaña de Tebeto afecta a todos los canarios “pues se reclaman 92 millones de euros que saldrán de las arcas públicas”.
Es por ello que los socialistas piden que se esclarezcan los hechos por medio de un comisión parlamentaira de investigación y sobre todo, matizó Trujillo, porque desde el Gobierno canario “se ha dicho que saben quienes son los responsables y por tanto también queremos saberlo todos”.
“Vamos a pedir que se conozca lo que ha ocurrido y no vamos a permitir que se haga el paripé o se echen cortinas de humo sobre lo que es el hecho lesivo contra la Administración Pública canaria más importante desde la democracia”, apuntó Trujillo.
También criticó el escrito presentado este miércoles por los grupos parlamentarios del PP y de CC en el que demandan que la diputada socialista Francisca Luengo no sea la persona que intervenga en representación del grupo socialista en la comparecencia que sobre este asunto tendrá lugar en el pleno del Parlamento.
El portavoz socialista aseguró que “se han amparado (PP y CC) en la normativa para pedir que Francisca Luengo no sea la ponente, pero esto es algo tan absurdo que la propia Mesa de la Cámara lo desechará”, y matizó “no tengo ninguna duda de que será así”.
El caso de la Montaña Tebeto, que linda con la Montaña de Tindaya, ha levantado polémica a raíz de una orden judicial que pide al Gobierno de Canarias el pago de 92 millones de euros por una licencia que se concedió en 2004 a la empresa Canteras Cabo Verde para la explotación minera de la zona, cuando ya este enclave había sido declarado zona protegida.
La empresa, que no puede ejercer su actividad profesional, pide una indemnización por los años que de explotación que la licencia le concedía y que ahora se le niegan.
