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El PSOE pide eliminar las tasas judiciales excepto para empresas que facturen más de un millón

El portavoz de Justicia de los socialistas, Gustavo Matos, exige al Estado que establezca mecanismos que permitan la transferencia a la Comunidad Autónoma de lo ingresado por este concepto en 2013, 2014 y 2015

Este importe se destinaría a cubrir los gastos en Canarias en materia de asistencia jurídica gratuita

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Gustavo Matos en el Parlamento de Canarias

Gustavo Matos en el Parlamento de Canarias PSOE

El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha registrado una proposición no de ley por la que pide al Gobierno de España que derogue las tasas judiciales, a excepción de las que afecten a sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.

El portavoz de Justicia del PSOE, Gustavo Matos, explica en un comunicado que en la propuesta se pide también que el Estado establezca mecanismos que permitan la transferencia a la Comunidad Autónoma del importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la fecha de la derogación que se solicita.

Este importe se destinaría a cubrir los gastos en Canarias en materia de asistencia jurídica gratuita con el objetivo de dar cumplimento a lo establecido en la ley.

También se insta al Gobierno de España a destinar a la partida de justicia en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 una dotación suficiente para permitir acabar "con la justicia de dos velocidades" y favorecer la implantación y desarrollo de un nuevo modelo judicial de forma cohesionada y en idénticas condiciones en el todo el territorio español.

Matos recuerda que esta ley es la que reinstaura en España con carácter general las tasas judiciales y asigna cuantías tan elevadas que, "más que tener un carácter meramente recaudatorio, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional".

Su entrada en vigor, indica, ha traído consigo numerosas cuestiones de inconstitucionalidad y la Defensora del Pueblo recomendó su modificación.

Lamenta que esta norma fije una tasa a los usuarios del sistema judicial para contribuir al sostenimiento de los costes de la actividad judicial y la justicia gratuita, sin haber tenido en cuenta para su cuantificación criterios de proporcionalidad ni la capacidad económica del justiciable, tal como prescribe la Constitución Española.

"Esta Ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la Justicia, ya que se están señalando juicios en los Juzgados de lo Social y Mercantil para más de cuatro años vista, y ha privado del acceso a la Justicia a quien no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas", advierte.

Subraya que por ello, quien puede pagar la tasa recurrirá dilatoriamente sin tener en cuenta la solidez de su pretensión y, por el contrario, si el interesado sufre la incapacidad económica para soportar la tasa y además el futuro incierto del fallo, es posible que no recurra a ella.

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