El PSOE considera “irrenunciable” que la Ley del Suelo mantenga la Cotmac y limite los usos del suelo rústico
La Comisión de Cabildos celebrada en el Parlamento, que ha significado el arranque de la tramitación del proyecto estrella del presidente Fernando Clavijo, ha evidenciado un tibio desmarque del Grupo Socialista (inmerso en una división interna) con sus socios de Coalición Canarias (CC) y la soledad en la que Nueva Canarias y Podemos están instalados en la oposición al polémico texto legislativo.
Con el guión cabildicio perfectamente definido y sin sorpresas (solo el presidente de Gran Canarias, Antonio Morales, se opuso contundentemente al proyecto de ley), cobraba especial interés conocer la postura que iban a defender los socialistas, inmersos en los últimos meses en una polémica respecto a la controvertida legislación. Su portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera, fue el encargado de despejar la incógnita, pues defendió un apoyo global al texto pero con importantes matices.
Cuestión irrenunciable
El principal, que la Cotmac (o un órgano similar) se mantenga y no sea finiquitada en la Ley que finalmente se apruebe. Así, dijo que “la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la tiene que llevar un órgano independiente del planificador, un órgano que tiene que ser la Comunidad Autónoma”.
“Ese órgano tiene que depender del Gobierno de Canarias, pues para los socialistas nos parece una cuestión irrenunciable en este momento”, remachó.
De esta manera, Lavandera asumió una de los principales mandatos de la Ejecutiva regional celebrada el pasado 3 de septiembre en base a los principios hechos públicos en un comunicado previo emitido el 8 de agosto. Pero no fue el único con el que quiso demostrar que “el desarrollo sostenible de Canarias ha sido una seña de identidad del PSOE”, una percepción cuestionada durante la tramitación del anteproyecto de Ley en el Gobierno de Canarias
Así, insistió en “reducir al mínimo imprescindible” la posibilidad de establecer “usos complementarios a las actividades ya permitidas en suelo rústico”, incidiendo en que “en los espacios naturales protegidos la única clase de suelo posible sea el rústico” y, por último, “evitar cualquier atisbo de inseguridad jurídica derivada del vacío legal del cambio de rango normativo de las directrices”.
Con todo, Lavandera insistió en la defensa de un texto cuyo objetivo final es “compatibilizar la protección del paisaje y permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado”.
Al igual que su homólogo nacionalista, José Miguel Ruano, ha asegurado que “vamos a buscar el consenso hasta la extenuación”, aunque Lavandera avisó de que “si vamos a escuchar lo que otros quieran plantearnos, pedimos a cambio que se escuchen también nuestros planteamientos”.
Cantonalizar Canarias
Por su parte, Ruano acusó a Podemos y NC de “transmitir mensajes falsos a la sociedad”, porque “no está en riesgo Canarias,” y afirmó que pese a que se buscará el diálogo y el consenso con todo el arco parlamentario, “el tiempo para llegar al acuerdo será el necesario, pero no más del necesario”.
Previamente, el portavoz y líder de NC, Román Rodríguez, aseguró que la Ley del Suelo “renuncia al proyecto común de construir Canarias con un modelo integrador al derogar las directrices”, además de dar el poder a los ayuntamientos en detrimento de los cabildos y “posibilitar nuevos usos complementarios y letales en suelo rústico”.
“Se renuncia a la construcción regional de Canarias y se apuesta por la construcción cantonal de nuestro país”, apostilló.
Una crítica contundente en la que también incidió Natividad Arnaiz (Podemos), al afirmar que el texto “apuesta por el desarrollismo” de las décadas 70 y 80 del pasado siglo para agradar “a las élites políticas y económicas, pues cuenta con todo el rechazo social”.
“Esta Ley suicida obvia la escasa capacidad de nuestros ayuntamientos para planificar, haciendo que impere la ley del más fuerte. Con este texto, paradójicamente, Canarias se convierte en un territorio sin ley”, culminó la representante de la formación morada.
Además de CC y PSOE, los grupos Mixto y Popular mostraron su apoyo al texto impulsado por el Gobierno por entender, como aseguró Melodie Mendoza (ASG), que “hasta ahora es imposible superar todos los filtros que la legislación actual pone a los planeamientos”, mientras que el proyecto “nos permite simplificar y racionalizar en un territorio fragmentado, quitando lo superfluo”.
Aunque hizo un llamamiento al diálogo, la diputada de ASG avisó a Podemos y NC de que “enrocarse no es la manera de aportar soluciones a la caduca y enmarañada ley sobre suelo en Canarias” y, al igual que Ruano, acusó a ambas formaciones de “poner sobre la mesa planteamientos falsos para hacer un uso sesgado de la información que solo busca alarmar”.
Los conservadores, por su parte, insistieron en que la Ley del Suelo “va en la buena dirección” y expresó su deseo de que sean admitidas las enmiendas que el PP presenta a la misma, incidiendo en la necesidad de acabar con una Cotmac “que está dirigida de forma discrecional por los funcionarios”.
Única oposición de Gran Canaria
Por lo que respecta a los cabildos, y como era esperable, solo Gran Canaria, a través de Morales, mostró su oposición frontal a un texto que, “en su actual formulación, rompe la idea de país canario” porque “deja al territorio a merced del libre juego de mercado”, ya que “da prioridad al desarrollo económico sobre el desarrollo sostenible en los tiempos de crisis”.
“No podemos desarticular Canarias en 88 planeamientos inconexos que rompan la necesaria coordinación general. Es un error”, insistió Morales para defender que se mantenga “un órgano de coordinación regional e insular de las políticas sobre el territorio y el urbanismo que garantice el control de la legalidad previo a la aprobación del planeamiento”.
Una defensa de la Cotmac con la que no estuvo de acuerdo el presidente de La Gomera y líder de ASG, Casimiro Curbelo, para quien este órgano “ha sido el Tribunal de La Inquisición, con una discrecionalidad injustificada, excesos, y con el lamentable demérito de tener el rechazo unánime de todas las administraciones canarias”.
Curbelo ha insistido en que se ha legislado mucho y el territorio es ingobernable“, con leyes que ”alejan la inversión y generan inseguridad jurídica“, por lo que ve en esta ley una ”apuesta valiente“ que simplifica y racionaliza la tramitación. Una valentía también puesta en valor por Belén Allende (El Hierro) y Marcial Morales (Fuerteventura).
Tanto Pedro San Ginés (Lanzarote) como los socialistas Anselmo Pestana (La Palma) y Aurelio Abreu (Tenerife), insistieron en que el texto no va a cometer las barbaridades que sus detractores aseguran y recalcaron que la maraña administrativa y burocrática actual crea una inseguridad jurídica que desincentiva la inversión, termina con los planeamientos en los tribunales y frena el desarrollo de numerosas comarcas.
