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Las Palmas de Gran Canaria pide al Gobierno de España y Canarias que repongan las partidas de violencia machista

La declaración destaca la importancia de asumir como una auténtica cuestión de estado la lucha contra la violencia contra las mujeres

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Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria (ALEJANDRO RAMOS)

Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria (ALEJANDRO RAMOS)

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes por unanimidad una declaración institucional en la que se insta a los gobiernos estatal y autonómico a reponer y dotar las partidas presupuestarias recortadas en los últimos años y destinadas a combatir la violencia contra las mujeres.

La declaración destaca la importancia de asumir como una auténtica cuestión de estado la lucha contra la violencia contra las mujeres, sobre todo después de conocer los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan al Archipiélago canario a la cabeza en datos de violencia de género.

Según los datos del CGPJ, Canarias registra una ratio de 22 casos por cada 10.000 mujeres, una cifra muy por encima de la media nacional que es de 13 casos de violencia por cada 10.000 mujeres, ha recordado Las Palmas de Gran Canaria Puede.

El documento aprobado recoge la solicitud de varias medidas: por un lado, insta al Gobierno autonómico a activar la composición de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género y a seguir avanzando en el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

Por otro lado, se solicita al Gobierno estatal la reactivación del Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, incorporar ya al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género en todas las etapas educativas, así como reclamar la puesta en marcha de un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

La declaración también recoge la obligación de que los magistrados, abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en juzgados especializados de violencia de género dispongan de la formación específica impartida por una institución acreditada, así como que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado completen cada dos años su formación en la materia.

El texto también plantea que se desarrolle e implemente el convenio de Estambul, concebido como el Tratado Internacional de mayor alcance para frenar la violación de los derechos humanos estableciendo y defendiendo una tolerancia cero con la violencia de género.

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