Paralizados en los tribunales más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones

El Gobierno de Canarias, según datos aportados por el propio Ejecutivo, ha logrado paralizar el pago de 864.049.372 euros en concepto de indemnizaciones que distintas empresas han reclamado y que han sido desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque aún están pendientes de recurso. A esto habría que sumar al menos otros 187 millones de euros por procesos que aún están pendientes de resolución y en los que los tribunales han dado la razón a los demandantes.

Así, en estos momentos hay 1.054 millones paralizados en los tribunales aunque con distintos estadios procesales. Esta cantidad podría ser mayor ya que el Ejecutivo dice que no se facilitan cantidades de tres casos porque el TSJC aún no se ha pronunciado sobre la suma concreta a la que tendrían derecho los reclamantes y que podría ser cero o mayor a la pedida inicialmente.

De esta manera, los 864.049.372 euros que el Ejecutivo ha logrado paralizar responden a seis sentencias en las que los tribunales le han dado la razón. Sin embargo en todos los casos salvo uno en el que no consta, se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Hay que destacar que en uno de los casos, en los que la empresa Bristol Lake en La Oliva reclamaba 153 millones de euros el TSJC fue condenada incluso a pagar al Gobierno los costes del juicio por temeridad al presentar la reclamación a sabiendas de que no tenía derecho a cobrarla.

A eso hay que sumar los 102 millones de euros que la empresa Cabo Verde, del empresario Rafael Bittini ha pedido por el ya famoso caso Tebeto y otros 84,8 millones de euros que las empresas Lopesan y Dehesa de Jandía han solicitado por las consecuencias que en su negocio ha tenido la moratoria turística. En todos los casos ha sido admitida por la sala la ejecución provisional de las indemnizaciones, aunque los avales no se han constituido en ninguno de los casos.

En estos momentos, el único pago efectivo al que ha tenido que responder el Gobierno ha sido el de Montaña Rayada, tras el auto de 28 de noviembre de 2006 en el que el TSJC reconocía a la empresa el derecho a recibir 29.352.289 euros, en concepto por los agravios que sufrió su negocio por la Ley de Espacios Naturales de 1987.

Esta sentencia fue firme tras el auto del TS de 16 de octubre de 2008. Finalmente el Gobierno el pasado mes de septiembre autorizó una retención de crédito por importe de 33.108.577,81 euros en el que se sumaban los intereses de demora.

Ley compleja

Estos datos han sido facilitados tanto a la prensa como a los representantes del Parlamento, durante la discusión de una comparecencia que debatía precisamente las reclamaciones patrimoniales derivadas de la moratoria turística y la Ley de Espacios Naturales.

Sobre la primera, el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, dijo que es una ley “muy compleja” y que, de las muchas cosas en común que tienen todos los procesos judiciales abiertos contra el Gobierno es que las sentencias, condenatorias o no, apuntan al exceso normativo y las complicaciones que se derivan de ello.

Como premisa, Ruano apuntó que las sentencias establecen un método propio para cuantificar el valor de la responsabilidad patrimonial, por el que estiman en parte la responsabilidad de los actores y no les reconoce los derechos urbanísticos por considerarlos en suspenso y sí el de lucro cesante por los ingresos que pudieran haber tenido.

De esta forma, las sentencias descartan que el importe de la reclamación fuera igual que los aprovechamientos urbanísticos, pero sí toman en cuenta que no se ha podido realizar la actividad económica y eso da un derecho. “Sí reconoce los aprovechamientos lucrativos, los tiene por ciertos y les aplica el interés de demora”, explicó Ruano que tildó este método de “cuanto menos singular”.

Tras esto, explicó cual es la situación actual. En estos momentos el Ejecutivo tiene seis sentencias condenatorias frente a otras seis que les ha dado la razón, aunque todos son procesos abiertos. En los casos condenatorios, sólo 3 están en ejecución provisional de sentencia y en los tres restantes no se ha instado la ejecución provisional.

En los tres recursos que se ha accedido a la ejecución provisional es común a todos ellos que los autos han sido recurridos por el Gobierno en súplica ante el TSJC, en dos de ellos se ha desestimado, uno está pendiente de recurso de queja y sobre el otro se prepara el recurso contra la ejecución provisional. El tercero está pendiente de que se resuelva la súplica.

Además, también es común a estos procesos que “en ningún caso se ha puesto en marcha el aval, por lo que no se ha consignado ni un solo euro porque no hay garantía”. Asimismo, en todos los casos se ha cuantificado el importe de la manera que Ruano califica de “singular”.

En todos los casos por último, en los que el Gobierno ha perdido se han presentado recursos de casación ante el TS y donde está declarada ejecución provisional se presenta súplica.

Oposición

Por su parte, el diputado socialista Manuel Fajardo aseguró que durante esta semana su grupo pondrá en marcha mecanismos para saber “lo que nos ha costado a los canarios los años de gobierno bipartito”.

Así, justifica esta petición de información para evitar la “sospecha ciudadana”. “No perseguimos rédito político por los problemas que ustedes nos pudieran genera, sino que rectifiquen y hagan las cosas bien”, declaró.