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El Parlamento afronta el segundo 'round’ del debate territorial y turístico

LA LEY DE MEDIDAS URGENTES, A ESCENA

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El modelo territorial sobre el crecimiento turístico en Canarias volverá a centrar la atención del Pleno del Parlamento de Canarias, que en su sesión plenaria de esta semana debatirá el proyecto de Ley de Medidas Urgentes Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo propuesto por el Gobierno canario y al que el grupo Socialista (PSC) ha presentado una enmienda a la totalidad.

Este debate llega a menos de una semana y cuando todavía continúa el cruce de declaraciones sobre el 'no' dado el pasado jueves por los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno (CC-PP) a tramitar la iniciativa legislativa popular presentada por la organización ecologista Ben Magec y respaldada por 45.000 firmas ciudadanas para frenar el crecimiento turístico en Canarias.

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes presentado por el Ejecutivo incluye dos apartados, uno relativo a la revisión de la moratoria turística contenida en la ley de Directrices, y otro sobre ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, en el que se incluyen medidas para agilizar y simplificar los trámites administrativos sobre planeamiento territorial y relativas a la actividad agropecuaria.

Sobre el primero de los apartados, unos de los puntos que ha suscitado más polémica es la posibilidad de autorizar la construcción de hoteles de cinco estrellas con el requisito de que dediquen su actividad a la formación (hoteles escuela) y de que al menos el 60% de la plantilla proceda de ofertas de empleo vinculadas a la Estrategia de Empleo de Canarias. Mientras, el proyecto suprime la fórmula contemplada en la moratoria de ligar las autorizaciones para que la construcción de nuevos establecimientos alojativos a proyectos excepcionales, declarados de interés general por el Parlamento canario.

El Gobierno canario sostiene que esta medida se persigue la mejora de la formación y la generación de empleo estable, mejorar la oferta turística de calidad, así como incentivar la producción ante la crisis económica "profunda en la que estamos inmersos".

Además, el Ejecutivo insiste en su compromiso con la renovación de la planta alojativa y en que la posible construcción de estos hoteles no ocuparán más territorio, porque una de las condiciones "absolutamente tajantes" es que tienen que estar situados en suelo ya clafisificado como turístico. El texto también prohíbe la incorporación de más suelo turístico al planeamiento en los próximos 5 años.

Racionalizar y simplificar los trámites administrativos

En el apartado relativo a la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible, el Ejecutivo explica que se contemplan acciones para racionalizar y simplificar en los trámites administrativos en el planeamiento, y se incluyen medidas para facilitar la labor del sector primario, como las previstas para la regulación de explotaciones ganaderas que actualmente están en situación alegal.

También prevé facilitar la implantación en suelo rústico de equipamientos como centros sanitarios, educativos o sociosanitarios, cuya ocupación territorial tendrá que ser declarada de interés general por el Gobierno canario.

Recelos y rechazos

Ambos apartados de la propuesta normativa del Gobierno han generado en los últimos meses numerosas críticas entre organizaciones sociales, económicas y políticas del Archipiélago. El texto ha suscitado recelos en las patronales hoteleras sobre la posibilidad de autorización de hoteles escuela de cinco estrellas, de los cabildos por entender que se invaden algunas de sus competencias sobre el territorio, y de organizaciones sociales y ecologistas que consideran que la ley propuesta "fusila" la moratoria turística contemplada en la ley de Directrices.

Muchos de estos sectores han pedido incluso la retirada del proyecto de ley, entre ellos los cabildos de Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, que en la comisión parlamentaria de Cabildos celebrada hace unas semanas plantearon al Gobierno la necesidad de lograr el consenso social y político necesario antes de afrontar el debate.

En esta línea también se ha pronunciado el PSC, que en la sesión plenaria presentará una enmienda a la totalidad contra la propuesta porque "tergiversa la realidad, agrede la autonomía de las corporaciones locales, pretende cargarse la moratoria turística y cuenta con el rechazo de los agentes económicos y sociales".

Los socialistas también ven que el texto contiene "un ataque frontal a la autonomía de los cabidos", por lo que han anunciado que impulsarán de acciones en las administraciones locales frente al proyecto de ley e incluso no descartan recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Búsqueda de consenso

Frente a todas estas críticas, el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan han insistido en su compromiso de buscar el "máximo consenso" posible y su disposición a debatir y analizar, durante el trámite parlamentario, las diferentes propuestas planteadas por las organizaciones sociales, económicas y las administraciones en los últimos meses.

De hecho, el Ejecutivo ha solicitado a la Cámara regional celeridad en la tramitación de la nueva ley, pero no ha propuesto del trámite en lectura única para propiciar este debate y consenso, que ha reconocido "será difícil".

La próxima semana, en el último pleno del año 2008 en la Cámara regional, comenzará esa discusión del proyecto de ley de Medidas Urgentes. Una sesión que, vistas las posiciones de los grupos parlamentarios, promete convertirse en una suerte de 'segundo round' del enfrentamiento sobre el modelo territorial y turístico vivido el pasado jueves en el Parlamento canario.

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