Pérez dice que Zerolo dirigió una ''operación ilegal''
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, acusó este lunes al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), de dirigir una operación que calificó de “ilegal para beneficiar a algunas personas concretas del entorno empresarial y, probablemente, del entorno político”.
En declaraciones a Europa Press, el diputado del PSC-PSOE reconoció que “me confieso culpable de haber elaborado jurídicamente la denuncia del caso Las Teresitas, para mi es un honor haberlo hecho porque ha supuesto el cumplimiento de un deber como ciudadano y como cargo público”.
Desde esta premisa, acusó al alcalde de Santa Cruz de haber dirigido una “operación ilegal”, la compraventa de Las Teresitas, que supuso “un fraude de más de 6.000 millones de pesetas del dinero de todos los chicharreros para beneficiar a algunas personas concretas del entorno empresarial y, probablemente, del entorno político”.
El parlamentario socialista recordó que esa operación fue valorada jurídicamente por el Tribunal Supremo (TS), que la declaró ilegal, contraria a derecho y lesiva para los intereses públicos. Pérez agregó que “es probable que esa operación sea constitutiva de varios delitos y por eso está imputado el alcalde Miguel Zerolo, por varios delitos, los más graves que se pueden cometer en el ejercicio de un cargo público, traicionando la confianza que depositaron en él como alcalde los ciudadanos de Santa Cruz”.
El dirigente socialista reiteró que la compraventa ya fue declarada ilegal por una sentencia firme, “pero como Zerolo no defiende los intereses de Santa Cruz, sino los de quienes se beneficiaron en esa operación, se ha resistido a cumplir la sentencia, desobedeciendo la decisión del TS”. A juicio de Santiago Pérez, si esa sentencia se hubiera cumplido, “el pueblo de Santa Cruz habría recuperado el sobreprecio de más de 6.000 millones con el que expoliaron a la hacienda pública del municipio Miguel Zerolo y los suyos”.
En esta tesitura, el socialista lamentó que “algo está pasando en una sociedad cuando quienes han cometido tan graves ilegalidades se permiten acusar políticamente a las personas que han defendido la legalidad y los intereses públicos de Santa Cruz”. Según el portavoz parlamentario del PSC-PSOE, “algo muy grave está pasando y Zerolo es partícipe de ello”.
“Cinismo escandaloso”
El socialista quiso hablar por “muchos ciudadanos y yo entre ellos” que, a su juicio, están empezando a hartarse de “cierto patriotismo que tiene buenas conexiones con los paraísos fiscales”. En esta coyuntura opinó que “mucho hablar de Canarias como nación, de Canarias como patria y luego algunos tienen ahorros de dudoso origen en paraísos fiscales”. Una circunstancia que calificó “de una hipocresía y de un cinismo verdaderamente escandaloso, ese patriotismo de cuentas corrientes en los paraísos fiscales me produce el desprecio y el rechazo más absoluto, al igual que a los chicharreros y a los tinerfeños de buena voluntad”, matizó.
Respecto a la sentencia del Supremo que declara ilegal la compraventa de Las Teresitas, Pérez reiteró que “hay que obedecerla y ejecutarla” y consideró que el alcalde “volviendo a gastar dinero público, como gato panza arriba defiende los intereses de quienes se beneficiaron de esa operación”. Pérez insistió en que la sentencia debería haberse ejecutado lo que “llevaría a resolver la compraventa y recuperar el dinero público que fue injustamente gastado en esa operación”, apostilló.
Ante la posibilidad de que los empresarios quisieran reclamar, “entonces --aventuró-- hablaríamos de la recalificación de los terrenos en el Valle de las Huertas, también patrocinada por Miguel Zerolo por la que esos mismos empresarios obtuvieron plusvalías de 15.000 millones de pesetas y ni una sola compensación para los intereses del pueblo de Santa Cruz”.
Con esta supuesta recalificación dirigida por el primer edil se quebró, aseveró Pérez, “una norma principal del ordenamiento jurídico, la que obliga a que las plusvalías inmobiliarias que se producen como consecuencia de las decisiones de las instituciones públicas reviertan en buena medida para la comunidad, en este caso para los santacruceros”.
