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La oposición quiere devolver los Presupuestos de 2016 al Gobierno por "cicateros", "continuistas" y contrarios al Estado del Bienestar

La consejera de Hacienda no convence a PP, Podemos y NC del carácter social de unas Cuentas que también inician el camino de la recuperación

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 La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2016. EFE/Cristóbal García

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para explicar el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2016. EFE/Cristóbal García

"Cicateros", "continuistas" y no garantizadores del Estado del Bienestar. Las tres principales características que han justificado el anuncio de los tres principales grupos parlamentarios de la oposición de presentar sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Canarias para 2016, para devolverlos a la cocina del Gobierno y que proceda a su reelaboración.

Las explicaciones de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, no convencieron ni a Jorge Rodríguez (Partido Popular) ni a Noemí Santana (Podemos) ni a Román Rodríguez (Nueva Canarias). De nada sirvió que la titular de las arcas canarias apelara a que las Cuentas están sometidas a la regla de gasto, por lo que no puede ser tan expansivo como, sin duda, lo será la economía canaria, ni que el Archipiélago ha hecho sus tareas para cumplir con el déficit y tener una administración saneada, o que las Islas son las peores financiadas por el Estado y las más castigadas presupuestariamente desde La Moncloa en los últimos cuatro años.

Jorge Rodríguez machacó lo que consideró un presupuesto "cicatero en políticas sociales", que mantiene la "necesidad de lubricar una máquina burocrática" sobredimensionada cuyo único fin es practicar una política "clientelar", como a su juicio supone mantener la Policía Autonómica.

Unas Cuentas "continuistas" para el líder de NC, para quien se constata que mantienen la "línea de salvajes recortes" practicada por el anterior gabinete de CC y PSOE presidido por Paulino Rivero, pues consideró falso que el 80 por ciento del dinero se destine a gasto social, y además cuestionó que se presuma de adelantar un año llegar a déficit cero cuando Canarias mantiene elevadas tasas de paro.

En parecidos términos, la portavoz de Podemos dijo que los Presupuestos diseñados por el Ejecutivo para 2016 "no garantizan el Estado de Bienestar ni abogan por la contribución a la recuperación económica ni por la máxima eficiencia en los servicios públicos.”

Para Santana, el "ridículo esfuerzo inversor de 17 millones de euros" para el próximo año respecto al anterior, evidencia que no está diseñada la puesta en marcha de un "futuro económico con un cambio de modelo productivo" para las Islas. Y en cuanto al incremento del gasto social con el que el gabinete está sacando pecho, la líder de Podemos en el Parlamento insistió: “de los 357 millones de euros más para 2016, apenas 87 millones irán destinados a inversión y gasto social. El resto irá a pagar la deuda.

Al igual que Santana, los portavoces de la oposición también incidieron en que eran insuficientes los fondos destinados a las políticas de empleo, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y las ayudas a la Dependencia.

Por su parte, Dávila insistió en que el 79,3% de los 7.071 millones de euros a los que ascienden los Presupuestos están destinados a los servicios públicos esenciales a Sanidad y Acción Social y Educación  y que, además, se incrementan en 27,2 millones los fondos destinados a las políticas de empleo, crece la partida para la PCI y las ayudas para la Dependencia se cifran en 7,65 millones.

Los portavoces del PSOE (Ignacio Álvaro Lavandera) y de CC (José Miguel Ruano) arroparon a Dávila, pues ambos destacaron el carácter socialmente comprometido y destacaron que son las primeras Cuentas que crecen en los últimos cinco años, pese a las limitaciones impuestas tanto por el Gobierno central como por la propia Comisión Europea.

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