Prodeni acusa a Protección de Menores en Canarias de “vulnerar” los derechos de los niños

Emplaza a la Justicia a “no seguir dando la espalda” a la niña de nombre ficticio Piedad y “reconozca su equivocación”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)

La asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) responsabilizó hoy al jefe de Servicio de Protección de Menores de Canarias, Carlos Martín Esquivel, y a la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo regional, Inés Rojas, de “la vulneración de los derechos que sufren menores en las islas que no reciben la debida atención”.

La asociación citó en un comunicado como ejemplo de su denuncia los casos de una niña de 10 años de nombre ficticio Marta que lleva cinco años esperando que el departamento de Martín Esquivel regularice su desamparo y le facilite el acogimiento en la familia extensa; y el de una niña de dos años que reside en un centro de menores desde que nació tras la renuncia de su madre a favor de la Administración, a la espera todavía de ser entregada en adopción.

Por otro lado, Prodeni reitera el maltrato institucional que sigue sufriendo la niña también de nombre ficticio Piedad, a quien la entidad pública “impide establecer” contactos con la familia que hace dos años se vio obligada a dejar en La Orotava (Tenerife).

La organización recuerda que Marta es una niña de diez años y desde que tenía cuatro, en el año 2003, fue declarada en situación de riesgo por los Servicios Sociales de un ayuntamiento de la isla de Santa Cruz de Tenerife, que informó de todo a ello a Protección de Menores.

EN UN “LIMBO” ADMINISTRATIVO

Los Servicios Sociales municipales no pudieron trabajar con la familia porque el padre (es huérfana de madre) para eludir cualquier control o seguimiento optó por cambiar frecuentemente de domicilio. Por su parte, Protección de Menores del Gobierno canario reconoce que tiene expediente abierto sobre la menor desde 2005, aunque “se ha despreocupado de ella totalmente”, según Prodeni.

En vistas de “su impotencia”, el 13 de octubre de 2009 se presentó una queja ante el Diputado del Común, reclamando medidas de protección y acusando a Protección de Menores del “limbo administrativo” en que condenaban a su sobrina.

Para Prodeni se trata de “un abandono institucional en toda regla que no se puede justificar por la existencia una larga lista de espera y de que aún le queda mucho tiempo”, como señala que dijo una técnico por teléfono a uno de los responsables de asociación, máxime cuando hay un expediente abierto desde el año 2005 y se produce el incidente del acogimiento de hecho del que la Administración hace “caso omiso, con la circunstancia agravante de la falta de consideración hacia la tía materna, a la que no han dado respuesta a ninguna de sus comparecencias y escritos”.

NIÑA PARA ADOPCIÓN

Por otro lado, Prodeni asegura que tiene pruebas de la existencia de una niña de dos años en un centro de menores bajo tutela administrativa a la espera de ser dada en adopción, a pesar de que su madre biológica renunció a la misma cuando nació a favor de la administración para que fuera entregada a otra familia.

“Lleva desde su nacimiento residiendo en un centro de menores y no tiene familia extensa por lo que se trata de una menor directamente adoptable”, añade, al tiempo que la organización apunta que hay una lista de familias aspirando a adoptar que podrían haberla acogido enseguida, pues los trámites burocráticos de inscripción en el Registro Civil y otros que puedan darse son de fácil resolución.

“Si ahora la entregan en adopción habrá perdido estos dos años de su vida en manos de educadores a turno laboral y alejada del calor de una familia, es decir, nadie le quita ya que ha sido privada la necesidad básica y biológica de todo recién nacido de tener a su lado desde el primer momento a su figura de apego, sea biológica o no”, agrega Prodeni, que entiende que la familia que ahora la vaya a acoger “habrá perdido su oportunidad de haberla querido y criado desde el segundo o tercer mes porque con dos años cumplidos no le han podido dar lo que el bebé necesitaba”.

De este modo, Prodeni denuncia “este grave suceso” porque, además, considera que “todo indica que no se trata de un hecho puntual por las famosas listas de espera (caso Marta) que también afectan a bebés necesitados imperiosamente del calor de una familia y que, como el caso de esta denuncia, ni siquiera les salva haber sido entregados por una madre nada más nacer”.

EL 'CASO PIEDAD', “UNA MUERTE AFECTIVA”

De la misma forma, Prodeni recuerda que “se ha sobrepasado ya un año de residencia” de la niña Piedad en su cuarto internamiento en un centro de menores tras el fracaso de su reintegración con la parte biológica, a costa de haberla arrancado la autoridad judicial del entorno familiar de La Orotava “en contra de sus derechos, de sus necesidades y de sus intereses”.

La asociación anuncia que en los próximos días en coincidencia con el veinte aniversario de la Convención de los Derechos del Niño emitirá un documento que pondrá de relieve algunos aspectos del caso y emplazará a “la máxima autoridad judicial de Canarias a no seguir dando la espalda y reconozca su equivocación resolviendo a favor del regreso de la menor al entorno familiar del que nunca debió haber sido alejada.”

El colectivo quiere denunciar, así, la actitud de la Consejería regional de Bienestar Social de “impedir que Piedad pueda restablecer contactos con aquel mundo afectivo y se le siga privando de su derecho a la recuperación de su memoria afectiva”.

“Toda vez que desde el 10 de Mayo de 2007 no le dejan recibir ninguna noticia de la gente que quiso tanto y que, con toda probabilidad, le han impuesto cómplices silencios y versiones manipuladas con el fin de lograr una muerte afectiva que si no se remedia le pasará factura en presentes y futuros episodios de inestabilidad emocional, que sólo podrán evitarse con el restablecimiento de aquellos contactos”, subraya.

Por todo ello, Prodeni denuncia que el jefe de Servicio de Protección de Menores de Canarias, Carlos Martín Esquivel, “priva a Piedad de su derecho a esos contactos y se niega a responder a las peticiones que en ese sentido se le vienen haciendo”, tanto por esta asociación a través de diversos escritos, como de parte de las instituciones que se siguen pronunciando, “también de una opinión pública mayoritariamente favorable, y de la propia madre acogedora, Soledad Perera, que no ha dejado de pedirlo sin obtener, tampoco, respuesta alguna”.

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