Reyes (PNL) recibió dinero de al menos cuatro empresarios
El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, reconoció ante la Juez del Juzgado número 2 de Arrecife el pasado 4 de octubre que recibió dinero de, al menos, cuatro empresarios, para obtener licencias en Playa Blanca o agilizar los trámites. El ex regidor está imputado por la concesión de permisos ilegales para la construcción de hoteles en Lanzarote.
Reyes citó en su declaración al abogado grancanario Ignacio Díaz de Aguilar, promotor del plan parcial Las Coloradas, a Joaquín Cañada, propietario de Club Lanzarote y promotor del plan parcial Montaña Roja, a Francisco Riquelme , representante del hotel Papagayo Arena y a una empresa vasca que construyó en el plan parcial Playa Blanca.
El ex alcalde no concretó el importe de dichas “ayudas económicas”, tal y como las llama él mismo, excepto en el caso de Ignacio Díaz de Aguilar. Reconoce que este abogado le dio dinero “en colaboración para el tema del partido (en ese momento CC) o algo así, que lo hizo para que los trámites se agilizasen y se hiciesen más rápidos o algo así”, según refleja la declaración recogida en el sumario, cuyo secreto fue levantado hace unos días por el juez que instruye el caso.
Según dicha declaración, probablemente Díaz de Aguilar no le ofreciese el dinero si no que le diría si podía colaborar de alguna forma. Reyes aseguró que fue Díaz de Aguilar personalmente quien le dio el dinero en efectivo, posiblemente “siete u ocho millones de pesetas [42.000 o 48.000 euros]”.
La versión del ex alcalde precisa que el dinero no fue para conceder las licencias sino “de manera general, ya que él (Díaz de Aguilar) llevaba todo el plan parcial de las Coloradas, más bien en la segunda etapa, sobre 1998-2000”.
Las Coloradas
Díaz de Aguilar es un abogado grancanario de prestigio, que además fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hasta septiembre de 2008. Estuvo asociado al plan parcial Las Coloradas y a diversas empresas que obtuvieron licencia en dicho plan parcial y lo está al plan parcial Playa Blanca, así como a una licencia en el plan Montaña Roja concedida a Urena Mountain.
Entre las empresas que figuran en la órbita de Díaz de Aguilar se encuentran Las Coloradas, SLy SA, Papagayo Sun Beach (hotel Iberostar La Bocayna), apartamentos Las Marinas o las parcelas donde se construyó el hotel Dreamplace Gran Castillo.
En algunos de estos expedientes, de media docena de licencias en Playa Blanca, anuladas por los tribunales, aparece Díaz de Aguilar como solicitante de licencias, prórrogas o representante legal. También está relacionado con la empresa Ledesdorfe, que anunció que interpondría cera de 300 pleitos contra el Cabildo por considerar que recurrió algunas licencias de forma arbitraria.
Papagayo Arena
Otro de los empresarios mencionados por Reyes es José Francisco Riquelme, que solicitó la licencia final para el hotel Papagayo Arena, como representante de Explotaciones Nueva Valencia. Riquelme fue alcalde de Villajoyosa (Alicante) por el PSOE entre 1979 y 1987. También fue diputado provincial por esa formación política hasta 1986 y está relacionado con los apartamentos Atlantic Gardens, en el plan Montaña Roja de Playa Blanca.
Sobre Riquelme, Reyes señaló que “su colaboración era para agilizar los trámites en lo que pudiera ser legal” y aseguró que le entregó dinero en efectivo, en pesetas, aunque no recuerda ni cuándo ni qué cantidad. Añadió que ese dinero se lo dieron después de otorgadas las licencias.
Joaquín Cañada
Respecto a Cañada, Reyes declaró que le entregó dinero en varias ocasiones y en menos cantidad también por colaboraciones, “pues nadie da nada por nada”. El dinero se entregó en efectivo en euros y en el hotel o en un coche, pero tampoco recuerda qué cantidad.
Joaquín Cañada es uno de los propietarios del hotel Natura Palace y del plan parcial Montaña Roja, a través de Club Lanzarote, que tiene los derechos sobre un campo de golf aún por construir.
Por último, el ex alcalde exculpó a los técnicos municipales, señalando que contaba con ellos para que le agilizaran los trámites pero que no cobraban por ello. Hay dos técnicos imputados en este proceso: El secretario Vicente Bartolomé Fuentes y el aparejador Pablo Carrasco.
