Ruano(CC) afirma Gobierno canario se ahorra más de 864 millones por sentencias favorables de moratoria turística
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias aseguró hoy que existen seis sentencias condenatorias contra la Comunidad Autónoma por la moratoria turística, también llamada Ley de Directrices, que están recurridas ante el Tribunal Supremo (TS) y añadió que existen otras seis sentencias que han sido desestimadas por los tribunales, que han supuesto un ahorro de más de 864 millones de euros para las arcas del Ejecutivo regional.
El consejero autónomo se pronunció así esta tarde, en el Pleno del Parlamento autónomo, a instancia del PSOE que solicitó su comparecencia para que informase sobre las reclamaciones en procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente y con la ordenación del territorio contra la Administración autonómica.
La mayor parte de estos expedientes legales, recordó Ruano, son producto de una norma que fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional en 2003, incluso con los votos favorables de los diputados del Partido Socialista, lo que puso “un punto a todo un proceso denominado el bloque de la moratoria, una ley muy amplia y con muchos mandatos, tal y como se recoge en el contenido de varias de las sentencias”, agregó.
Ruano explicó que de las seis sentencias condenatorias contra la Comunidad Autónoma por la Ley de Directrices, sólo en tres de ellas se ha pedido la ejecución provisional, aunque aseveró que el Ejecutivo canario “no ha pagado ni un solo euro” porque a día de hoy no existe todavía “una sentencia firme” que condene al Gobierno de las islas.
El consejero reiteró que todas las sentencias, tanto las que ha ganado el Gobierno de Canarias como las que le condenan a indemnizar a los afectados por la moratoria, están recurridas en el Supremo, que si bien no ha dictado una sentencia firme, reconoce el derecho a la indemnización pero difiere en cuanto a su cuantificación.
En cuanto a los recursos rechazados por los tribunales, y que han supuesto un ahorro de más de 864 millones de euros, Ruano se refirió a Veneguera (348,7 millones); el Puertito de Adeje (174,7 millones); barranco de Tauro (54 millones); Ramiterra (127,2 millones); Bristol Lake (153,1 millones) y Puerto Rico (6,1 millones); mientras que los recursos estimados por los tribunales tienen como recurrentes a Montaña Rayada; Canteras Cabo Verde, S.A.; Lopesan; Dehesa de Jandía, S.A.; Félix Santiago Melián, S.L.; Centro Helioterápico de Canarias; y Arthur Steiger (barranco de Mogán).
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Fernando Fajardo expuso que hoy “se ha dado una información que ni los juristas pueden descifrar en diez minutos, una información necesaria para sentar las bases de un clima de confianza”. De igual forma, consideró que en el marco de la moratoria “parece que todos los días aparece una noticia que agrava la situación”, por lo que incidió en que “es ahora cuando se debe hacer la política en mayúsculas y enviar a la sociedad un mensaje nítido por parte del Gobierno de Canarias”.
Igualmente, trasladó al consejero la posición de los diputados que conforman la Cámara que, dijo, “no transigiremos ante demandas temerarias, aunque sean avaladas por algún tío de alguien, porque vamos a defender el interés de todos los canarios y nuestro territorio, una defensa que no es gratis y que tampoco puede convertirse en el nuevo dorado para algunos empresarios”. Al mismo tiempo, recordó que los diputados que apoyaron la Ley de Directrices “lo hicieron calculando los riesgos indemnizatorios y nunca pensando que iba a ocurrir lo que está pasando”.
“TRANSPARENCIA Y PEDAGOGÍA”
Desde las filas 'populares', la diputada Cristina Tavío agradeció la información ofrecida por el responsable autónomo y por lo didáctica que había resultado, al tiempo que destacó el esfuerzo “tan grande” de “transparencia y pedagogía” del Gobierno de Canarias a este respecto. Igualmente, expresó su seguridad de que la Comunidad Autónoma, en todos estos litigios, “va a pelear hasta el final y va a mirar con lupa la desproporción en cuanto a las indemnizaciones”.
Mientras, el diputado de Coalición Canaria (CC) José Miguel Fernández, señaló que el problema al que se enfrenta la Comunidad Autónoma es si las sentencias “están bien fundamentadas, dónde estamos y cómo vamos a salir de este tema”, e insistió en que es esto lo que justifica es la aprobación de la Ley de medidas urgentes, con la que “se pretende resolver lo que se ha creado como consecuencia de las indemnizaciones derivadas de la moratoria turística”.
