SCTF ha pagado ya 1,7 millones por mantener el Mamotreto

Santa Cruz ha pagado ya alrededor de 1,7 millones de euros por el coste que ha implicado el mantenimiento del edificio que iba a estar destinado a un centro comercial y aparcamientos al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como Mamotreto, y de las obras que efectivamente fueron ejecutadas. De esta cantidad abonada a la empresa OHL a través del conocido como Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores (FFPP) cerca de 1,4 millones se han destinado a la conservación del inmueble que supone alrededor de 30.000 euros al mes desde la paralización de las obras decretada en el mes de marzo del año 2008 después de los problemas legales surgidos al haberse anulado la operación de compraventa de la playa. Ahora queda por pagar la deuda generada durante los últimos seis meses que asciende a 180.000 euros.

Además, se han liquidado unos 300.000 euros por las fases de la actuación que habían sido ejecutadas y cuyo presupuesto total ascendía a 21,4 millones de euros. Sin embargo, la empresa y la Gerencia de Urbanismo mantiene una discrepancia sobre lo que falta por pagar de la parte de las obras que no se llegaron a concluir. OHL sostiene que según la ley de contratos del Estado se le debe abonar el 6%, una propuesta que en estos momentos está siendo analizada por el Ayuntamiento. En caso de que no se llegara a un acuerdo se tendría que resolver el contencioso en los tribunales. En total se certificaron obras por valor de 4,5 millones de euros y por lo tanto a parte de lo ya ejecutado la empresa tendría derecho a cobrar casi un millón de euros más.

Del sumario de conocido como caso Mamotreto se deduce que el arquitecto francés Dominique Perrault llegó a certificar trabajos por valor de 648.000 euros, la mitad de los honorarios comprometidos que ascendían a 1,5 millones. Las obras de Las Teresitas tenían un presupuesto total que sumaba 21,4 millones que aportaba el Gobierno de Canarias, Cabildo y el Ayuntamiento. Costas además se comprometió inicialmente a financiar otra fase por valor de 10,4 millones. Sin embargo, una vez que elTribunal Supremo (TS) emitió una sentencia a mitad del año 2007 que anulaba la compra de la playa el organismo estatal optó por no firmar el convenio y suspendió la contratación que había efectuado con la empresa Acciona. Por este concepto tuvo que desembolsar 400.000 euros sin que la compañía moviera una sola piedra.

Este fallo judicial junto con otro de idéntico sentido emitido unos meses después supuso un auténtico quebradero de cabeza para los entonces responsables del Ayuntamiento. Una vez que fue emitido en el mes de mayo obligó a que en agosto la nueva Corporación surgida tras las elecciones municipales optara por realizar una paralización temporal de las obras al ser conscientes de que no podían disponer de los terrenos. Así permanecieron las cosas hasta el mes de noviembre en el que se decidió reiniciar las actuaciones. Sin embargo, en aquel entonces los representantes de OHL adviertieron de que no podían trabajar en casi el 60% de los solares y en casi la mitad del mamotreto por lo que pedían a la Gerencia de Urbanismo que les ofreciera una alterantiva.

En el mes de enero de 2008 comienzan a llegar las visitas de inspectores de la Dirección General de Costas quienes comprueban que se están ocupando terrenos que son de dominio público como ocurre en la parte final de la playa en la que se preveía construir un anfiteatro, motivo por el cual la segunda sentencia promovida por un grupo de ciudadanos de Montaña Morera dio lugar también la anulación de la compra de los terrenos. Poco después, en marzo el Ayuntamiento en pleno decidiría paralizar las obras de forma definitiva. Ya que en aquel entonces la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Asociación de Amigos de la playa de Las Teresitas y del Litoral de Anaga y el Partido Socialista Canario-PSOE habían denunciando en los tribunales la posible ilegalidad de las obras. En el mes de septiembre la Fiscalía para los Delitos Medio Ambientales hacía suya estas sospechas y presentaba una querella por prevariación urbanística y delito contra la ordenación del Territorio. El resultado años después es la acusación de cuatro exconcejales y tres técnicos así como la apertura de un juicio oral que sólo está pendiente de que se fije la fecha para su celebración.