Santa Brígida “debe” resolver el contrato

El alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, tiene autoridad y “debe” resolver el contrato alcanzado con la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción del incompleto centro comercial del municipio, en la actualidad formada únicamente por Fomento Construcciones y Contratas (FCC), al haber incumplido ésta lo convenido, según se desprende de un informe elaborado por el abogado Ignacio Cáceres.

Sin embargo, pasa el tiempo, se acumulan las resoluciones judiciales y el Ayuntamiento guarda silencio. La concejal de Cambio por Sataute (CxS), Guadalupe del Río, recordó este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, que ante la falta de “claridad” del Gobierno municipal, formado por el Partido Popular (PP), solicitó un informe jurídico detallado sobre el estado actual del citado contrato.

Un aspecto del que surgían dudas, teniendo en cuenta la sentencia emitida el pasado septiembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas de Gran Canaria, que declara la caducidad de la licencia y apela una actitud presuntamente especulativa por parte de la UTE.

Lejos de emitir el informe solicitado, Del Río señala que recibió una contestación de la Secretaria General firmado por el alcalde, en unos términos “vacios de contenido, escudándose, por un lado, en motivos meramente formales para no entrar a valorar las cuestiones planteadas” y acusó al PP de “negarse a informar”.

Al respecto, señaló que la entidad concesionaria reclama al Ayuntamiento 57,5 millones de euros en concepto de daños, sin que se haya puesto en conocimiento de la Corporación. Estos motivos impulsaron que CxS solicitara a Cáceres la emisión de otro informe, a partir del que la formación concluye que Bravo de Laguna “lleva varios años mintiendo deliberadamente, negando la existencia de los informes jurídicos internos y externos que concluyen de igual forma que el letrado” y reivindica que la voluntad del alcalde “se encuentra secuestrada por la empresa concesionaria, ya que no está defendiendo los intereses generales del municipio”.

En referencia a la obligatoriedad del Ayuntamiento de resolver el contrato, Cáceres resumió los aspectos fundamentales del proceso e indicó que en el año 2001 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobó la modificación puntual de las normas subsidiarias, que fueron anuladas en el 2007 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ratificada por el Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2011. “Como consecuencia de esto el centro comercial se ha quedado sin cobertura legal”, apostilló.

Cronología

De forma independiente a lo anterior, en 2002 se aprobó el pliego de condiciones para la contratación. Un procedimiento en el que se exigía, como condición esencial a las empresas interesadas, la edificación de una sala de multicines, cuya viabilidad no interesó a muchas entidades que prefirieron no participar. Por este motivo, tan sólo se presentó una única UTE, en principio conformada por Saramema S.L., Cura Riviera S.L., Estacionamientos y Servicios S.A. y FCC.

En noviembre de 2002 se adjudicó el contrato en el que se exigía la construcción de los mencionados cines por nueve millones de euros y se daba un plazo a la empresa de 20 meses para ejecutar los trabajos. A pesar de que en julio del año siguiente comenzaron las obras, en abril de 2004 la UTE solicitó al Ayuntamiento la modificación del contrato para que le eximiera de la construcción de las salas de proyecciones, “precisamente del elemento que había disuadido a otras empresas de presentarse”, puntualizó Cáceres. Además, la entidad concesionaria pedía al Consistorio que aumentara la superficie construida para locales comerciales y, como consecuencia de una ilegalidad cometida durante los trabajos al ocupar una via pública, solicitaba que legalizara dicha actuación.

Como consecuencia de la solicitud, FCC suspendió unilateralmente las obras a la espera de que se aprobaran sus requerimientos, algo que la Corporación municipal no resolvió “y es conocido por todos que cuando la administración no contesta a un expediente administrativo, opera el silencio negativo”. Cáceres afirmó que la entidad debería haber continuado la obra y sin embargo no lo hizo.

Concluye por lo tanto que “además de que se está especulando con el valor de la concesión, ha quedado evindeciado que la UTE Santa Brígida actuó con clara negligencia”. También considera que la entidad “debe ser calificada como culpable, amén de que jurídicamente es imposible conceder una prórroga del mismo”, en referencia a la conseción, por no contar con cobertura legal.

El abogado denuncia la inacción de la Corporación municipal, que ni optó por exigir la finalización de las obras mediante una ampliación del plazo, ni resolvió el contrato por incumplimiento. “A día de hoy el alcalde no ha contestado, no se sabe por qué el Ayuntamiento no ha actuado conforme a la ley”, manifestó.

Pasos a seguir

Tras haber analizado la documentación, Cáceres concluye en su informe que ha existido una actitud especulativa con el valor de la concesión por parte de la UTE, que ha incumplido el plazo de finalización de las obras a la espera de que se aprobaran una serie de modificaciones en el contrato que “le vendrían a beneficiar económicamente”. “Este incumplimiento culposo conlleva el hecho de que se tenga que resolver el contrato, ha existido culpa por parte de la empresa adjudicataria”, sentencia.

En referencia a los pasos a seguir, considera que en primer lugar es necesario que se resuelva el contrato; posteriormente se liquidaría el mismo, lo que obligaría a los técnicos municipales a acudir a la infraestructura para valorar la parte ejecutada de la obra y la que no se encuentra dentro de la legalidad. En este punto, explica que la Unión Temporal de Empresas debe indemnizar a los vecinos por su ejecución ilegal y por el perjuicio causado por la paralización de los trabajos. Por otro lado, recomienda al Ayuntamiento incautar la fianza aportada por la empresa y, en último lugar, decidir nuevamente lo que hacer con el espacio público.

Respecto a los 14 millones de euros demandados por la entidad por las obras materializadas, Cáceres dudó de la cantidad, teniendo en cuenta que los trabajos se adjudicaron por un total de 9 millones de euros y en la actualidad se encuentran incompletos. El resto reclamado por la UTE hasta alcanzar los 57,5 millones se basa en daños emergentes y lucro cesante por la pérdida de la explotación. “Es claro que quién paralizó la obra fue la propia concesionaria”, puntualiza.

CxS presume que todos los hechos denunciados pueden ser constitutivos de alguna responsabilidad de carácter de fenal que de momento no precisa, aunque no descarta que se trate de prevaricación, y anuncia acciones legales para depurar responsabilidades. De no tomar ninguna decisión en unos tres meses a partir de la entrega del informe, Del Río asegura que denunciará el caso ante la Fiscalía. “Estamos esperando que llegue la cordura al Ayuntamiento”, concluye.