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Santa Cruz pagó 52,5 millones por 74.420 metros cuadrados de acantilado

UNA TERCERA PARTE DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA QUE NO SE CONSTRUYERA ''ERA Y ES DE DOMINIO PÚBLICO''

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"El Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 pesetas -52,6 millones de euros- por 74.420 metros cuadrados de acantilado". De esta manera tan contundente concluye el Ministerio Fiscal la querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y otras diez personas, por prevaricar y malversar fondos públicos en el convenio urbanístico de la playa de Las Teresitas. El Ayuntamiento justificó la compra de terrenos a una empresa privada para evitar que se construyera en el frente de playa. Pero despilfarró el dinero: según la Ley de Costas, una tercera parte del terreno adquirido "era y es de dominio público". Y precisamente esos terrenos "inalienables, imprescriptibles e inembargables", según la Constitución Española, eran donde presumiblemente irían ubicados los hoteles de la iniciativa privada.

Es al término de un relato sorprendente de cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife salvó a una empresa, Inversiones Las Teresitas, SL de su "absoluta angustia" financiera cuando la fiscal advierte un dato, "extremadamente relevante", producido este mismo año dentro del caso Las Teresitas. Recuerda que la Ley de Costas 22/1988 elimina la posibilidad de adquirir la propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción de dominio público como consecuencia de la realización de obras. Farnés aclara que la Ley bloquea la posibilidad de realizar cualquier tipo de construcción en estos terrenos hasta no haberse realizado el correspondiente deslinde.

Pues bien, destaca la fiscal que la Corporación presidida por Miguel Zerolo, al pagar los 52,5 millones de euros el 18 de septiembre de 2001 a Inversiones Las Teresitas por el frente de playa -califica ese mismo gasto como "considerable y sin justificar"- abonó esa cantidad de dinero antes de solicitar a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife el pertinente deslinde, que lo hiciera el 4 de octubre de 2001 por medio de un oficio por parte del gerente de Urbanismo santacrucero.

Observa la fiscal en su querella que "se realizó dicha petición con posterioridad a la compra de las parcelas y al pago de las mismas, lo que, sin embargo, no puede sorprendernos dado que ni siquiera tuvo en cuenta la línea de deslinde que existía desde el año 1961 y que según el informe pericial de su propia arquitecta, Doña Pía Oramas ya afectaba a 9.076,50 metros cuadrados de los 109.420 metros cuadrados que había adquirido, y que por lo tanto ya en el momento de la compra por parte del mismo, según la Constitución española eran inalienables, imprescriptibles e inembargables".

Indica además María Farnés Martínez que el pasado 20 de febrero de 2006, cuando la Dirección General de Costas autorizó a la Demarcación de Costas para iniciar el expediente de deslinde del dominio público Marítimo-Terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de Las Teresitas, "nos encontramos con que lejos de reducir la de 1.961 la amplía considerablemente y como consecuencia de ellos ya de los 109.420 metros cuadrados que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros cuadrados dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados, es decir casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos".

De ahí concluye María Farnés Martínez que, de salir adelante la propuesta de deslinde de la Demarcación de Tenerife, pendiente de aprobación por la Dirección General de Costas, "el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado".

La Corporación acude "en ayuda" de una entidad privada

En la querella, presentada este martes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la fiscal relata cómo en 1998 la empresa Inversiones Las Teresitas S.L., consiguió un crédito de 5.500 millones de pesetas de la Caja de Ahorros de Canarias a pesar de tratarse de "una sociedad que únicamente tenía un capital social de 30 millones de pesetas" y con "un futuro totalmente incierto", recoge Efe.

Además, añade, "no tenía más garantía que los terrenos que iba a adquirir" y ni se encontraba inscrita en el Registro Mercantil, por lo que en 2000 ya el Banco de España levantó un acta de inspección.

En 2001, el ayuntamiento de la capital y la Junta de Compensación del Polígono Playa de las Teresitas llegaron a un acuerdo para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial de Las Teresitas.

Recuerda la fiscal que Inversiones Las Teresitas "necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba" para satisfacer los intereses del crédito que había solicitado.

En este sentido, subraya la querella, "ante tan "angustiosa" situación sorprende enormemente que sea la Corporación Municipal la que se empieza a poner en marcha para acudir en ayuda de una entidad totalmente privada", a la que compra así once parcelas por 8.750 millones de pesetas.

"De una forma totalmente consciente e inexplicable", dice la fiscal anticorrupción, el Ayuntamiento "elimina el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente" a la adquisición de las parcelas "sin gasto alguno para su cuenta" y "afronta un gasto muy considerable sin que exista causa alguna que lo justifique".

La fiscal considera que "no es casual" que el 65% del pago inicial que recibió Inversiones Las Teresitas del Ayuntamiento por la venta de las parcelas "concuerde con la cifra" que debía a la Caja.

Con ello, añade, además de dejar de estar "ahogada económicamente" y obtener "3.000 millones de pesetas adicionales", la empresa quedó "enormemente mejorada" puesto que las parcelas que no fueron "objeto de la transacción" pasaron "a tener un uso residencial como vivienda que no estaba permitido" en un planeamiento urbanístico anterior.

Así, "a resultas de los cambios" Inversiones Las Teresitas ganó tres mil millones de pesetas, canceló la deuda hipotecaria y obtuvo "una cifra indeterminada de beneficio económico en función de la recalificación practicada".

La fiscal destaca que según la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado, las plusvalías obtenidas por Inversiones Las Teresitas en esta operación le ha supuesto un beneficio que "supera, en bastante, los 18.000 millones de la antiguas pesetas", y "todo ello sin arriesgar una sola peseta".

El 11 de enero de 2006, Inversiones Las Teresitas vendió siete parcelas por 46.100.516 euros, beneficio que "materializa parcialmente los ya mencionados 18.000 millones de pesetas y que, no nos resistimos a repetir, se ha obtenido sin arriesgar nada" y "siendo gran parte de este beneficio satisfecho" por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice la fiscal.

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