El PP rechaza resolver el contrato del 'mamotreto' de Santa Brígida

Centro comercial a medio construir en el centro de la Villa de Santa Brígida, conocido como 'el mamotreto'.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Ni resolución del contrato ni multa por incumplimiento del mismo. El pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida ha rechazado la moción presentada por el principal partido de la oposición, Cambio por Sataute (CxS), para acabar con la paralización de las obras del centro comercial del casco histórico de la Villa, el denominado mamotreto.

Beatriz Santana, alcaldesa de este municipio de medianías de la isla de Gran Canaria, ha anunciado en la sesión celebrada este jueves que el Gobierno regional ha aprobado de forma inicial el Plan General de Ordenación Supletorio de Santa Brígida, un documento que, en su opinión, “va a dar solución” al laberinto jurídico en el que se halla inmerso la corporación desde hace más de una década por esta parcela. Según explicó Santana, el Consistorio recibió el documento este mismo miércoles y ahora deberá establecer un periodo de información pública y de recepción de alegaciones al PGO.

“Usted nos ha dado suerte con tantas visitas a la Consejería”, espetó irónica la alcaldesa a Guadalupe del Río, portavoz de CxS, en referencia a la agilización del Plan General.

Del Río defendió en el pleno una iniciativa que contemplaba dos posibilidades. La primera de ellas era la resolución del contrato de concesión administrativa que el Ayuntamiento firmó en el año 2002 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, liderada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) , para la construcción de un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, locales comerciales, multicines y parque urbano en la parcela donde se ubicaba el antiguo campo de fútbol de la Villa.

La segunda opción consistía en reclamar más de cinco millones de euros al contratista, a razón de 1.800 euros al día, por haber mantenido las obras paralizadas durante 93 meses cuando el plazo de ejecución era de veinte.

Con los votos en contra del PP (ocho concejales) y la abstención del PSOE (dos) y Los Verdes (uno), la moción presentada por CxS (tres) no ha prosperado a pesar del apoyo del edil de Nueva Canarias y de la no adscrita Oneida Socorro, que abandonó el PP en marzo tras ser destituida por la alcaldesa por votar en contra de la disciplina de partido.

En su exposición, Del Río recordó que, tras ganar el concurso público en 2002, la UTE encabezada por FCC decidió modificar el proyecto original renunciando a los multicines para instalar en su lugar una unidad de alimentación, además de plantear un incremento de la superficie destinada a uso comercial, de los 1.656,70 metros cuadrados que permite la normativa vigente a 2.339,89 metros cuadrados.

El cambio propuesto por la UTE no fue avalado ni por el Ayuntamiento ni por la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias (Cotmac). Desde entonces, las obras han estado paralizadas, salvo en un breve periodo preelectoral en los últimos comicios, ganados por Lucas Bravo de Laguna (PP), que compaginó su cargo como alcalde de la Villa con el de consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria hasta el pasado mes de diciembre, cuando renunció el bastón de mando municipal para centrarse en la institución insular.

El PSOE, a través de su concejal Lucas Tejera, ha optado por la prudencia y se ha abstenido en la votación. “Hay un embrollo bastante importante como para tomar una decisión de esta envergadura en el pleno”, ha manifestado el socialista, quien ha instado a la corporación a convocar una reunión con los técnicos para dar solución al bloqueo del mamotreto. “No lo tenemos lo suficientemente motivado técnicamente y podemos tomar acuerdos que nos pueden perjudicar bastante”, ha insistido Tejera.

La concejala de Urbanismo de la Villa satauteña, Rita González (PP), agradeció la “exposición coherente” del PSOE y rechazó resolver el contrato “sin informes técnicos que digan que las causas son imputables a la UTE”. “Nunca hemos estado en contra de resolver el contrato, pero tiene que estar ese informe porque, si no, a lo mejor podemos endeudar al Ayuntamiento”, ha advertido la edil, quien recordó que la contratista ya ha interpuesto una reclamación de cantidades en concepto de daños. González ha anunciado que el grupo de gobierno ya ha emitido dos providencias a los técnicos municipales para que informen y prepara una tercera, además de haber solicitado la cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

A las manifestaciones realizadas por los grupos socialista y popular, Guadalupe del Río contestó que en el expediente ya constan tres informes que dejan “bien claro” que la UTE ha incumplido el contrato firmado en 2002. La portavoz de Cambio por Sataute recomendó a los concejales que leyeran el “exhaustivo” informe externo firmado por el abogado Ignacio Cáceres. que concluye que la UTE actuó “con clara negligencia”, además de que “se está especulando con el valor de la concesión”.

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