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Seprona multa al Consorcio de Bomberos de Gran Canaria con 300.000 euros por usar vehículos "irregulares"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guardia Civil, a través de su unidad de protección del medio ambiente, Seprona, ha denunciado al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y le ha impuesto una multa de 300.000 euros, tras investigar que en las instalaciones del Parque de Bomberos de Arinaga se encontraban medio centenar de vehículos "en una situación irregular".

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través de su unidad de protección del medio ambiente, Seprona, ha denunciado al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y le ha impuesto una multa de 300.000 euros, tras investigar que en las instalaciones del Parque de Bomberos de Arinaga se encontraban medio centenar de vehículos "en una situación irregular".

En un comunicado, el sindicato CCOO apuntó que los más de 50 vehículos se encontraban sin estar descontaminados, contenían aceites, gasolinas, baterías incluso muchos de ellos sin estar de baja, por lo tanto se le imputa al Consorcio de Emergencias la mala gestión de residuos y de tenerlos en unas instalaciones que carecen de permisos y no estar preparadas, según informa la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canaria.

Según la Federación, "se trata de una más de las irregularidades a las que nos tienen acostumbrado los políticos que han estado gestionando el servicio en los últimos años. Ya desde los bomberos se ha denunciado en varias ocasiones el estado de esos vehículos".

El sindicato recordó que estos vehículos fueron traídos por el director de la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Rico Revuelta, y ya en su momento los propios trabajadores del parque de Arinaga le informaron del estado de los vehículos, los cuales no servían para hacer prácticas por no estar descontaminados. Aún así, llevan más de dos años en las instalaciones.

CCOO también se preguntó "quién va a pagar esta irresponsabilidad y de dónde van a salir los 300.000 euros para abonar la multa. Si ya la situación del CEGC es delicada, ahora lo es más con esta sanción, que solo viene a demostrar que tanto la ex presidenta Rosa Monzón y su mano derecha Antonio Rico, son responsables de la gestión que ha sido causante de los males que está padeciendo el ente consorciado. Desde Comisiones Obreras se lamentan de que ahora los ciudadanos deban pagar de su bolsillo las irresponsabilidades de los políticos y no sean estos los que en realidad den la cara y se hagan cargo de sus decisiones".

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