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Así cayó el clan de Sergio Tinguaro, líder juvenil del PP canario

LA POLICÍA URDIÓ UNA TRAMPA TRAS LA DENUNCIA DE SU TÍO

Al ser descubiertos recibiendo el dinero, se justificaron afirmando que estaban devolviendo la propiedad de la casa a la abuela, ausente en el acto.

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Mañana del 17 de abril de 2008 en una notaría de Las Palmas de Gran Canaria, situada en la calle Domingo J. Navarro. De una parte, Sergio Tinguaro Falcón, actual presidente de Nuevas Generaciones del PP, sus padres, S.F.S. y M.I.G.D., y su hermana, M.E.F.G, acompañados de su letrado. De la otra, el tío de Sergio Tinguaro, empleado de una sucursal bancaria, junto a su hijo, el gancho de una trampa urdida por la policía. Sobre la mesa, una bolsa marrón con 30.000 euros en metálico y unos cartones que simulaban contener otros 90.000.

Sergio Tinguaro Falcón.

Sergio Tinguaro Falcón.

El clan de Sergio Tinguaro reclamaba al tío bancario esos 120.000 euros a cambio de firmar las autorizaciones para que éste pudiera realizar la denominada consulta CIRBE, esto es, acceder a los datos privados del Banco de España. Así retirarían las denuncias que habían interpuesto por una consulta que el tío ya había realizado bajo la premisa de la buena fe tras el consentimiento verbal de su hermana, madre del presidente juvenil de los populares canarios, cuando ésta le comunicó su intención de pedir un préstamo para la compra de la vivienda de la abuela de la familia, cifrada en 90.000 euros.

Las reclamaciones, presentadas en febrero de ese mismo año, podrían haber conllevado graves consecuencias al tío, que pasaban incluso por la pérdida de su puesto de trabajo en la entidad financiera si así lo decidiera el Consejo de Administración.

Uno por uno, los ahora imputados fueron pasando por el despacho de la notaría para rubricar su consentimiento. El hijo del tío bancario, tal y como había acordado con la policía , dio la voz de aviso abandonando la sala en el justo momento en el que la hermana de Sergio Tinguaro, directora de otra sucursal bancaria, contaba el dinero. Instantes después, agentes policiales irrumpieron en la notaría, cazando con las manos en la masa al clan del presidente de Nuevas Generaciones del PP.

La hermana, según consta en el sumario al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, se justificó afirmando que estaban procediendo a la devolución de la propiedad de la vivienda a la abuela, ausente en el acto. Nueve meses antes, Sergio Tinguaro, sus padres y su hermana habían actuado de común acuerdo para que la abuela firmara la venta del inmueble por 90.000 euros, una cantidad que nunca fue pagada.

En una declaración posterior, la abuela aseguró que "en ningún caso" pretendió deshacerse de la propiedad y que lo único que quería era premiar con mejoras en el testamento a su hija, madre de Sergio Tinguaro, como compensación por haberse ido a vivir con ella para cuidarla. También afirmó haber sido mal informada y negó que percibiera los 90.000 euros de la venta.

Los acusados sostienen que hicieron efectivo el pago de la mencionada cantidad en metálico y la madre llegó a manifestar que casi la mitad del dinero, unos 42.000 euros, fue entregado por Sergio Tinguaro Falcón, "que tiene una agencia de publicidad y maneja mucho dinero".

El líder juvenil del PP ratificó, tras ser detenido, la versión de su hermana. Declaró que los 120.000 euros que iban a recibir se desglosaban en los 90.000 por los que supuestamente habían adquirido la propiedad, y otros 30.000 por unos gastos de mejoras en el inmueble que nunca se acreditaron.

Sin embargo, negó haber firmado documento alguno en la notaría, extremo que contradice lo apuntado por sus padres y su hermana. Los escritos, según consta en la notificación judicial, desaparecieron.

Por otra parte, en una serie de conversaciones interceptadas por la policía tras la denuncia de extorsión presentada por el tío bancario, el abogado del clan planteaba una serie de lugares para la entrega del dinero, llegándose a barajar incluso clubes o restaurantes. Una circunstancia que, tal y como figura en la disposición judicial, carecería de sentido si realmente se tratara de la firma de una escritura pública notarial.

Así, la juez instructora coligió que existían indicios suficientes para considerar que la devolución de la propiedad era una "coartada" para dar una "apariencia lícita" a la operación, producto de una supuesta extorsión al bancario.

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