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Soria se siente ''perseguido'' por CANARIAS AHORA y dice haber perdido un millón de euros por ser político

EN EL JUICIO ASEGURÓ DESCONOCER QUE GONZÁLEZ BRAVO DE LAGUNA REPRESENTABA A IDAGUA

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José Manuel Soria se siente ''profundamente ofendido'' por el director de CANARIAS AHORA, Carlos Sosa, "porque se me imputa la comisión de un delito que no he cometido, sufriendo una persecusión por este periodista y por el medio para el que trabaja". Así lo declaró este miércoles el ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y actual vicepresidente del Gobierno canario, en el juicio por calumnias contra el director de este periódico, por un suelto de opinión en el que se atribuye a Soria la decisión de cambiar la adjudicación de los módulos de la planta desaladora de la capital isleña.

Soria no sólo negó "intervención alguna" en la tramitación del expediente, sino que llegó a afirmar en el juicio, a pesar de mantener que "como alcalde le dí muchísima importancia a las desaladoras de Las Palmas de Gran Canaria", que "nunca recabé información, ni me informaban de los trámites del expediente, ni recuerdo qué cantidad era la del concurso, que supongo se inició cuando yo era alcalde".

Es más, cuestionado por si conocía a Rafael González Bravo de Laguna, el representante de la empresa perjudicada por el cambio en la adjudicación del concurso de 2003, José Manuel Soria afirmó que "lo conozco, pero no sabía que era administrador de Idagua". El conocido empresario no sólo presentó un recurso contra la decisión del Ayuntamiento, ya presidido por Josefa Luzardo, sino que afirmó en el juicio que el propio Soria le conminó a retirar ese recurso so pena de represalias contra sus representados.

Además, tanto José Manuel Soria como su abogado, Nicolás González-Cuéllar, mantuvieron que el vicepresidente del Gobierno de Canarias "ha perdido en trece años de dedicación a la política más de un millón de euros", para argumentar la petición de 300.000 euros de indemnización que se pide a la editora de este medio, aparte de los dos años de prisión al director.

Según José Manuel Soria, como técnico comercial del Estado que es, si trabajara en alguna Embajada española u organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cobraría "de 18.000 a 26.000 euros mensuales", por lo que considera que pierde dinero al dedicarse a la política.

El argumento de la acusación particular para pedir la indemnización, que el fiscal fija en 18.000 euros, fue rebatida por la defensa del periodista, en una conclusión final del letrado José Manuel Rivero en la que afirmó que "está en juego, en el banquillo, el derecho a la libertad de expresión y de información que sustenta el sistema democrático", contextualizado "en Canarias donde la corrupción generalizada intenta que los periodistas se autocensuren, poner mordaza, quitar de en medio a los medios críticos con el poder que actualmente ejerce en Canarias, con lo que se hace un flaco favor a la democracia".

En ese contexto, el abogado de la defensa Luis Val aseveró que "el señor Soria no busca resarcir su honor, pretende cerrar un medio crítico con su forma de hacer política, se trata de cerrar la boca a este medio", con la petición de 300.000 euros en concepto de indemnización.

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