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“No cerrar Sotavento por sus 100 empleos es como no abolir la tortura porque el trabajo de los torturadores peligraría”

Javier Doreste, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria —

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste (LPGC Puede), considera que no cerrar el Centro Comercial Sotavento, ubicado en el Muelle deportivo de la capital, por los 100 trabajadores que emplea es como si “nunca hubiéramos abolido la pena de muerte ni la tortura porque el trabajo del verdugo y de los torturadores estarían en peligro”.

Así se ha expresado en una entrevista en la Cadena Cope en la que repreguntado sobre la diferencia entre ambas circunstancias ha asegurado que “no es diferente”, puesto que considera que la gerencia del Centro Comercial está poniendo “en grave riesgo” a los trabajadores y a las “2.000 o 3.000 personas que cada fin de semana” acuden al lugar.

Doreste ha sostenido que no se trata de “una decisión política, sino meramente técnica”, que “no hay intencionalidad política” y que “ni siquiera el poder político puede intervenir, porque si interviene está prevaricando”.

“Hay un problema bastante grave con las salidas de emergencia. ¿Cuánto puede haber ahí un fin de semana, 2.000, 3.000 personas? ¿Por donde escapan? Si no hay salidas de emergencia, si pasa cualquier cosa... Para todos los que me están criticando por esta decisión [les digo], de un modo melodramático si quiere, porque me lo acaba de decir un compañero suyo periodista, que lo primero que se le venía a la cabeza era el Madrid Arena. Yo no quiero tener esa responsabilidad”, aseveró.

Además, considera que hablar de los puestos de trabajo es el “típico chantaje moral con los trabajos” y que aunque el Consistorio está “en contra de perder puestos de trabajo”, éstos empleos “no son responsabilidad nuestra”.

Doreste concluyó advirtiendo a la gerencia algo que --sostiene-- ya le hizo saber el lunes: que tienen 48 horas para corregir las deficiencias encontradas y que, de lo contrario, “actuará la policía”. “No queremos sancionar, sino garantizar la seguridad de las personas. Ésto no busca ni una sanción ni una persecución”, aseveró.

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