El Supremo dice su última palabra sobre Cho Vito
El Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia por medio de la cual rechaza estudiar el recurso presentado por los propietarios del poblado marinero de Cho Vito en Candelaria en contra del deslinde. Este fallo judicial supone el definitivo varapalo judicial en contra de estos vecinos que observan como la desaparición de último grupo de viviendas podría estar cada vez más cercano. El Supremo ratifica así una sentencia anterior de la Audiencia Nacional y en este caso el Tribunal no admite a trámite el recurso al considerar que el valor los terrenos, “casetas y chabolas” situadas en este tramo de la costa ni siquiera llega a los 150.000 euros, cantidad mínima exigible para que el TS estudie de la apelación. Este grupo de vecinos ve así como de nuevo los tribunales se niegan a anular la orden ministerial por la cual se fijó el deslinde en un tramo de más de tres kilómetros que abarca desde la propia playa de Cho Vito a Barranco Hondo.
En la sentencia emitida por la Audiencia Nacional a principios del año 2011 que ahora ha venido a ser ratificada se reprochaba a los vecinos que no aportaran ninguna prueba para desvituar la fijación del dominio público llevada a cabo por el Estado. “Apenas se efectúa alegación alguna en la demanda opiniéndose a dicha delimitación, pues únicamente y de modo muy escueto se alude al contenido de algunos de los artículos de la Ley de Costas y con evidente confusión se expone que el deslinde aprobado transcurre por la coronación del acantilado”. La Audiencia recordaba entonces que es el propio Gobierno autónomo el responsable de establecer la clasificación urbanística. “Y en este caso ha quedado probado que según documenta la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, los terrenos a los que afecta el pleito no estaban clasificados como urbanos en los instrumentos de ordenación vigentes en la entrada en vigor de la Ley de Costas, sino como no urbanizables de protección simple. Para desvirtuar dicha acreditación no se ha acreditado certificación alguna con la demanda, por lo que la pretensión de la misma, en el sentido de reducir la anchura de la servidumbre de protección de los actuales 100 metros a los 20 ha de decaer”, se indica en la sentencia de la Audiencia ahora ratificada.
En estos momentos sólo quedan en Cho Vito 9 de las 31 viviendas originales cuyo plazo de demolición se ha ido aplanzado de forma sucesiva. Ayer tuvo lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife una reunión entre los vecinos afectados y la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández y el subdelegado, Guillermo Díaz Guerra.
El portavoz de los propietarios, Tomás González, indicó que el resultado del encuentro ha sido “muy positivo” en cuanto a que “por primera vez hemos encontrado buena disposición a dialogar y encontrar soluciones”. González desconocía el contenido de la última sentencia emitida, pero indicó que “aquí todos sabemos como funciona la justicia y que dependemos de como se levante el juez de turno”. Estos vecinos también están pendientes de la modificación de la legislación que podría permitir que se mantuvieran en pie las viviendas edificadas antes del año 1988 como parece acreditado que ocurre en el caso de Cho Vito a través de fotografías y documentos.
