El TS sanciona a uno de los vendedores de 'Las Teresitas'

El Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar la sanción por fraude fiscal impuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AETAT) a uno de los vendedores de los terrenos de Las Teresitas por valor de 69.0000 euros más 1.500 en costas del juicio. La discrepancia surge de la declaración de la renta realizada por el entonces miembro de la Junta de Compensación y de la sociedad Playa de Las Teresitas SA correspondiente al año 1998, fecha en la que estas entidades vendieron a Inversiones Las Teresitas (ILT) el total de las parcelas que integran el ámbito.

Son ya varias las sentencias que se han emitido en este mismo sentido y por las razones idénticas. Dentro de las investigaciones realizadas por la policía judicial dentro de una de las piezas separadas del caso Las Teresitas la policía detectó un doble juego: por una parte los particulares alegaban que el dinero había sido cobrado por estas entidades y por otro los representantes de los dos organismos aseguraban que lo habían recibido los particulares. Por el primer motivo el Tribunal Económico ha impuesto multas de hasta 11 millones de euros a cada uno de los directivos de Playa de Las Teresitas SA y por el segundo Hacienda ha ido sancionando a los antiguos dueños de las parcelas. El ahora condenado recordó que fue uno de los miembros de la sociedad que interpuso una querella criminal contra su directiva al considerar que no se llegó a abonar las cantidades que se le debían haber pagado por la venta de su parcela. Un argumento al que el Supremo no da valor alguno.

El expropietario recordó que se integró a finales de los años sesenta en la entidad Playa de Las Teresitas SA que a su vez hizo lo propio en la Junta de Compensación con lo cual defiende que es esta entidad y no él la que ostentaba la representación de su propiedad. En el año 1989 se llevó a cabo el proyecto de reparcelación, hoy ya anulado, que supuso que su finca se convirtiese en un coeficiente de participación. Por ello este vecino indica que tras la venta de los terrenos a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia se produjo un incremento de patrimonio de la entidad Playa de Las Teresitas SA pero no suyo. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) primero como el Supremo ahora, consideran probado que la Junta le abonó “los pagos controvertidos” que fueron objeto de una inspección fiscal.“ La integración de Playa de las Teresitas S.A en la Junta de Compensación no supuso una cesión o transmisión del patrimonio de aquélla a esta última, por cuanto que la aportación a la Junta por la sociedad Playa de Las Teresitas de los terrenos de que era titular no se tradujo en la transmisión del pleno dominio de los mismos, sino simplemente de la titularidad fiduciaria, que, en principio, era suficiente para permitir a la Junta actuar por sustitución de sus miembros y disponer de los terrenos para el cumplimiento de sus fines institucionales”, indica la sentencia.

“O lo que es lo mismo, se produjo, un negocio real de transmisión a la Junta de Compensación para que ésta pusiera los terrenos a disposición de quienes habían de ejecutar materialmente la urbanización y, en su caso, la edificación, y para entregar a la Administración los de cesión obligatoria y las obras o instalaciones que fueran de cargo de los propietarios, generándose así una atribución patrimonial a la Junta eficaz que le permitía contratar la ejecución de las obras, adjudicar parcelas, vender solares, concertar préstamos y demás siempre con sujeción al Derecho Privado”, reitera el Tribunal Supremo.

Los miembros de Playa de Las Teresitas SA alegaron que formaban parte de una Comunidad de Bienes y que por lo tanto no tenía personalidad jurídica lo que permitía que declararan los ingresos como incremento patrimonial. Un argumento que el TS considera que “no resiste el mínimo análisis”, ya que la entidad fue fundada como Sociedad Anónima. Playa de Las Teresitas SA tenía una composición prácticamente igual a la de la Junta, con lo cual se sospecha que se creó con el único fin de vender los terrenos dado que este último organismo sólo puede realizar obras de urbanización.

El 19 de abril de 1964 se constituyó la Junta de Compensación de la playa. Cinco años más tarde, se puso en marcha Playa de Las Teresitas SA en escritura pública con aportaciones en metálico y de terrenos. El 9 de junio del año 1972 se amplió su capital incorporándose más propietarios. En 1987, se sustituyó el proyecto de reparcelación de los terrenos por otro de reparcelación económica, desapareciendo de esta forma la excesiva división de los solares y la dificultad de su posible enajenación. El proyecto de compensación se aprobó definitivamente en 1989. Nueve años después, la Junta vendió a ILT los terrenos de la playa y aledaños por más de 30 millones de euros. La Junta procedió al reparto directo a cada uno de los miembros de su cuota de participación. Un paso que posteriormente la policía en el marco de las investigaciones por el conocido como caso de Las Teresitas interpretaría como un intento de eludir las obligaciones de Hacienda.