El TSJC exige 3.000 euros a Justicia y Sociedad para personarse en el 'salmón'
La magistrada que instruye las diligencias penales por el llamado caso del salmón, Margarita Varona, ha exigido a la asociación Justicia y Sociedad el depósito de una fianza de 3.000 euros para admitir su personación en la causa. Los juristas han interpuesto recurso de reforma contra esa resolución por considerarla discriminatoria y contraria a la tutela judicial efectiva y a los principios que inspiran el derecho a ejercer la acusación popular.
En una providencia notificada este miércoles a Justicia y Sociedad, la magistrada que instruye las diligencias 0006/2008 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) impone el ingreso de esa cantidad en una cuenta corriente de Banesto antes de pronunciarse acerca de la petición de personación de Justicia y Sociedad, a la que ya pidió el pasado día 9 su inscripción en el registro de asociaciones y sus estatutos.
Esta última providencia se ha notificado menos de 24 horas antes de que se produzca la comparencia de cinco nuevos testigos en la causa que se sigue para investigar presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, y el diputado regional Manuel Fernández, a su vez presidente y secretario general del PP canario, respectivamente. Entre otros testigos, está previsto que este jueves comparezca Calvin Lucock, ex director general de Anfi del Mar, cuyo testimonio fue propuesto por el denunciante del caso, el periodista Carlos Sosa, director de CANARIAS AHORA.
Justicia y Sociedad ha recurrido la decisión de Margarita Varona por considerar que con ella se está impidiendo el ejercicio de la acusación popular, que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, “será siempre gratuita”. La asociación de juristas, que en este caso está representada por el abogado José Manuel Rivero, recuerda en su recurso que se trata de una entidad sin ánimo de lucro que no tiene bienes inmuebles ni otros ingresos que las pequeñas cuotas de sus socios, destinados a los mínimos gastos de funcionamiento.
Además, Justicia y Sociedad considera que se trata de una resolución “discriminatoria” ya que la misma asociación está personada en otra causa que se sigue en la misma Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en concreto el denominado caso de Las Teresitas. La magistrada Carla Bellini, que instruye esa causa en la que está imputado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, varios empresarios tinerfeños y funcionarios de esa Corporación, no exigió fianza a Justicia y Sociedad para aceptar su personación como acusación popular.
Este recurso y el tiempo que se tome la magistrada en contestarlo supondrá que Justicia y Sociedad no podrá estar presente en las declaraciones que presten entre este jueves y este viernes el citado ex director general de Anfi del Mar así como los técnicos del Cabildo y del Patronato de Turismo de Gran Canaria que emitieron informes jurídicos, territoriales y turísticos sobre la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro.
José Manuel Soria y Manuel Fernández se encuentran imputados después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en octubre pasado la incoación de diligencias por el viaje privado que José Manuel Soria realizó en agosto de 2005 a Austria y a Noruega supuestamente invitado por el empresario Björn Lyng, propietario del grupo Anfi del Mar, que en aquellos momentos tramitaba la autorización para la construcción de 3.600 camas turísticas ante el Cabildo de Gran Canaria, que a la sazón presidía Soria.
Tras prestar declaración como imputados Soria y Fernández y conocerse la existencia de un contrato de asesoramiento que unía a este último con Anfi entre 2006 y 2008, Justicia y Sociedad decidió personarse interponiendo una querella criminal que habría de unirse a la causa que instruye Margarita Varona. La querella fue presentada el pasado día 5 y el colectivo de juristas aún no ha conseguido su propósito.
