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El TSJC imputa a Miguel Zerolo los delitos de prevaricación y malversación

EL ALCALDE DE SANTA CRUZ DECLARÓ POR PRIMERA VEZ ANTE LA JUEZ

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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha sido formalmente imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos después de declarar este miércoles ante la magistrada Carla Bellini, que instruye la denuncia de la fiscalía por el llamado caso de Las Teresitas.

Miguel Zerolo declaró este miércoles en la sede de la Sala de lo Penal del TSJC, en Las Palmas de Gran Canaria, en presencia de su abogado y de la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, que interpuso querella contra el alcalde y otras diez personas más tras detectar numerosas irregularidades en la operación de compra-venta de terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, así como la recalificación de otras piezas de suelo cercanas.

La declaración de Zerolo se extendió durante varias horas y a su término le fueron comunicados los delitos que la magistrada le imputa: prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y malversación (desviar dinero público a fines distintos a los establecidos legalmente).

Las primeras investigaciones judiciales han ido destinadas a verificar la documentación aportada por la Fiscalía Anticorrupción, especialmente documentos oficiales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como expedientes de CajaCanarias. Además, la magistrada ha encargado diferentes investigaciones a la Policía, entre otras una acerca del patrimonio de los denunciados.

Según ha sabido este periódico, las primeras pesquisas muestran signos externos de enriquecimiento anómalo en varios de los denunciados tras la operación de Las Teresitas.

Un investigación de año y medio

Después de un año y medio de investigación con dos prórrogas concedidas a Farnés por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, salpicada por la derivación tinerfeña del caso Fórum con el auto del juez Baltasar Garzón, Farnés presentó el pasado diciembre sus conclusiones ante el TSJC, dada la condición de aforado del alcalde de Santa Cruz, para que se decidiera la apertura de diligencias previas a la fase de instrucción del caso o, en su defecto, el archivo.

Los hechos investigados por Farnés, a raíz de una denuncia de un colectivo ciudadano en julio de 2005, se remontan a 72 horas clave de junio de 1998. Tres días antes de hacerse pública una sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que permitía edificar en la zona como recogía el Plan Parcial de 1988 recurrido por el PSOE, la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, formada en 1964 por 102 propietarios de 155 fincas de la trasera de la playa, en el Valle de Huertas, vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas, SL, por 30 millones de euros.

La empresa se había creado el 24 de junio, el mismo día en que el Consejo de Administración de CajaCanarias aprobaba un crédito de 33 millones de euros para la empresa de González y Plasencia. Sólo se pidió el suelo como garantía en una operación calificada por el Banco de España como de alto riesgo. Los empresarios inscribieron la empresa en el Registro Mercantil el 26 de junio, el mismo día en que compraban la playa santacrucera.

Tres años después de aquella jugada clave en 72 horas, el Ayuntamiento de Santa Cruz, por acuerdo plenario tomada por unanimidad de todos sus grupos -en las filas socialistas provocó una seria crisis al no seguir sus concejales las directrices contra la operación marcadas por su secretario insular, Santiago Pérez- compró a Inversiones Las Teresitas el frente de playa por 52,6 millones de euros.

El convenio urbanístico aprobado por el pleno chicharrero el 23 de julio de 2001 incluía la recalificación de 120.000 metros cuadrados de terreno rústico para Inversiones Las Teresitas, SL, que mantenía la propiedad de esa zona en el Valle de Huertas a cambio del frente de playa en el que la empresa pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales.

El Consistorio tinerfeño, que durante más de 40 años nunca se planteó comprar los terrenos o incluso expropiarlos a la junta de compensación del Polígono de Las Teresitas, firmó la escritura de compra y pagó a Inversiones Las Teresitas un 65% de los 52,6 millones de euros el 18 de septiembre de 2001, veinticuatro días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicara el 12 de octubre de 2001 el convenio aprobado en el pleno del 23 de julio.

La operación urbanística por la cual Inversiones Las Teresitas se habría llevado, en siete años, casi 120 millones de euros sin arriesgar un céntimo de sus bolsillos se remató a finales del año pasado. Inversiones Las Teresitas SL, vendió a Mapfre Inmobiliaria los terrenos recalificados por el Ayuntamiento en el convenio de 2001 por 96 millones de euros.

- Texto íntegro de la querella de Las Teresitas

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