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El TSJC obliga a Bittini a modificar el aval de 'Tebeto'

DESESTIMA EL RECURSO DE SÚPLICA DEL GOBIERNO

Las partes tendrán que comparecer antes de 30 días en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para culminar el procedimiento.

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este miércoles desestimar el recurso de súplica formulado por el Gobierno de Canarias contra el auto de 29 de septiembre de 2009, que obliga a la Comunidad Autónoma a desembolsar 103 millones de euros a Canteras Cabo Verde, en concepto de indemnización por no explotar la concesión minera de la montaña de Tebeto al ser suelo protegido. No obstante, la Sala también pide a esa empresa que modifique el texto del aval presentado en su día.

Así, la Sala condiciona el ingreso que la Administración está obligada a efectuar en la cuenta de consignaciones de esta Sala a la modificación del texto del aval por parte del empresario Rafael Bittini, propietario de Canteras Cabo Verde, "de manera que exprese con claridad, como mínimo, que la efectividad de tal garantía tendrá lugar desde el preciso instante en que la Administración ingrese en la cuenta antes citada el importe correspondiente al primero de los pagos, cuya cuantía se determinará inminentemente", concluye el auto hecho público este miércoles por el TSJC.

Además, la Sala dicta una providencia por la que cita a las partes antes de 30 días para que comparezcan ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para culminar el largo procedimiento judicial.

Según el auto hecho público este miércoles, "ante la posibilidad, por remota que parezca, de que la entidad avalista pudiese oponer a la efectividad de la garantía el tenor literal de la clausula en cuestión, un elemental principio de prudencia impone exigir a la parte ejecutante que modifique el aval, en los términos interesados por el Gobierno de Canarias".

Sin embargo, la Sala insiste en que esto "no corrige aspecto alguno" del auto de 29 de septiembre, "cuya validez, en realidad, no ha cuestionado" el Gobierno, de forma que "lo procedente sea exigir la modificación del texto del aval y, sin embargo, desestimar el recurso", concluye la resolución..

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