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El TSJC ratifica que el PP obstaculizó el acceso a información pública

DESESTIMA LA APELACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO EN EL CABILDO

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Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado que el Gobierno del PP en el Cabildo de Gran Canaria obstaculizó el acceso del Grupo Socialista a una serie de documentos públicos relacionados con el convenio de Salud Mental.

La sentencia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, viene a desestimar el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Cabildo insular contra otra sentencia -de 16 de mayo de 2006- que ordenaba al grupo de Gobierno popular facilitar al PSC toda la documentación relativa al convenio de Salud Mental firmado por la institución insular. En concreto, los documentos solicitados por la consejera socialista Francisca Luengo hacían referencia a la ejecución del citado convenio de Salud Mental y la marcha de las obras del extinto Hospital del Pino.

En esta última sentencia, la Sala estima que, en este caso, el modo de actuar de los responsables del Cabildo "va más allá de una simple limitación" del derecho de Francisca Luengo a acceder al expediente, un derecho "consustancial" con su función pública de consejera. Una función que "no puedo ejercer con la plenitud que la sociedad a quien representa demanda".

En su día y en relación a este caso, la también portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo insular denunció públicamente el "ocultamiento intencinado" por parte del Partido Popular, acusando directamente a la consejera de Política Social y Sociosanitaria, María de la Salud Gil, de "mentir" al hablar de "transparencia" en lo referente a las inversiones en materia social.

La Sala también condena al Cabildo grancanario a pagar las costas del procedimiento judicial.

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