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Gobierno y Parlamento acuerdan consensuar la Ley de Transparencia

Las instituciones y entidades privadas que queden afectadas por esta ley estarán obligadas a facilitar la información relevante que garantice la transparencia de su actividad.

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El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, entregó el anteproyecto de Ley de Transparencia a los portavoces de los grupos parlamentarios. EFE/Cristóbal García

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, entregó el anteproyecto de Ley de Transparencia a los portavoces de los grupos parlamentarios. EFE/Cristóbal García

Los grupos parlamentarios regionales recibieron este martes con satisfacción la oferta del Gobierno de Canarias para consensuar la futura Ley de Transparencia, a la que los partidos realizarán aportaciones paralelamente a los trámites que realizará el ejecutivo antes de su remisión a la cámara como proyecto de ley.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, presentó a los portavoces de los grupos popular, nacionalista, socialista y mixto el borrador de esta normativa, que definió como "una verdadera revolución en los derechos de los ciudadanos canarios".

"Esta ley que conecta muy bien con las demandas de información y transparencia de los ciudadanos", en un momento de desafecto hacia las instituciones, dijo.

Destacó que el borrador incluye las propuestas ciudadanas realizadas en los trece foros de participación convocados por el Gobierno en las siete islas.

Las instituciones y entidades privadas que queden afectadas por esta ley estarán obligadas a facilitar la información relevante que garantice la transparencia de su actividad.

El borrador establece que deberán rendir cuentas las entidades privadas que reciban subvenciones públicas superiores a 60.000 euros o bien si su presupuesto procede al menos en un 30 por ciento de ayudas públicas.

Además incluye a todas las administraciones públicas canarias, si bien la regulación concreta para cabildos y ayuntamientos se abordará en las leyes de cabildos y municipios que prepara el ejecutivo.

En el ámbito autonómico, la Ley de Transparencia afectará a la administración, organismos y entidades públicas, así como las dos universidades públicas.

Esta información relativa a la administración pública canaria se publicará en el Portal de Transparencia, en donde estarán accesibles contratos públicos, subvenciones, ayudas, personal público, concesiones, datos económicos y financieros, obras públicas, ordenación del territorio o medio ambiente.

La información es gratuita con carácter general, aunque se cobrarán las copias que se pidan.

En el borrador, según explicó Hernández Spínola, se establece un procedimiento para que los ciudadanos pidan información a las administraciones y en caso de que sea desestimada la solicitud se podrá recurrir a través del Diputado del Común.

Hernández Spínola anunció que el Gobierno de Canarias va a formar su personal en transparencia a través del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).

Entre las limitaciones informativas, Hernández Spínola citó la protección de datos personales y algunas cuestiones relativas a defensa, seguridad, asuntos económicos y medio ambiente.

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