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El Tribunal Supremo desestimó en 2005 el recurso al convenio de Las Teresitas

RATIFICÓ SENDOS AUTOS DEL TSJC DE 2002 Y 2003 A FAVOR DEL ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

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Una sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de octubre de 2005, desestimó el recurso al convenio urbanístico aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su sesión del 23 de julio de 2001, con la empresa Inversiones Las Teresitas, SL. El Alto Tribunal español entendió hace más de un año que no había lugar al recurso de casación interpuesto por varios militantes socialistas tinerfeños y confirmó los autos dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 24 de julio de 2002 y 14 de marzo de 2003. El TS impuso las costas a la parte recurrente.

En sus fundamentos de derecho, la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, presidida por Mariano de Oro-Pulido y López recoge literalmente del auto del TSJC, de fecha 24 de julio de 2002, que, según la sala, "quedó la Corporación Municipal enterada y conforme con el texto aprobado por el Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 18 de julio de 2001, a fin de que pudiera suscribirse el Convenio Urbanístico para la reordenación del ámbito del Plan Parcial Playa de Las Teresitas y para viabilizar su desarrollo".

El TS recuerda que el TSJC llegó a la conclusión de que "lo que únicamente se colige de tal actuación administrativa es la conformidad del Ayuntamiento con el Texto inicial del convenio negociado y suscrito, pero no la ratificación definitiva del mismo, al ordenarse en el propio acto la continuación de los trámites previstos en el 237 del Decreto Legislativo 1/2000".

Por ello, el TSJC entendió que "lo impugnado en este recurso es un simple acto de trámite, que al caracterizarse porque propone y hace posible la decisión dirigiéndose al mejor acierto de ésta, pero sin decidir, en modo alguno sobre las cuestiones planteadas en el procedimiento, queda sustraído a la impugnación separada y es al recurrir el acto decisorio del procedimiento cuando han de suscitarse las cuestiones relativas a la legalidad de los actos de trámite...".

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