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UGT y CCOO dan por roto el diálogo con el Gobierno

PIERDEN 40 LIBERADOS POR UNA RESOLUCIÓN

La reforma laboral del PP obliga a eliminar a los representantes de la vía de la participación institucional - Solo pueden ejercer los delegados salidos de las elecciones -

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Las centrales sindicales más representativas de Canarias, UGT y CCOO, preparan un invierno caliente en la Comunidad Autónoma. Una resolución de la dirección general de la Función Pública, de 26 de diciembre pasado, ha acabado con la figura del representante sindical en el ámbito de la participación institucional, en estricta aplicación de la reforma laboral del PP.

Imagen de una manifestación encabezada por los dos sindicatos mayoritarios. EFE

Imagen de una manifestación encabezada por los dos sindicatos mayoritarios. EFE

Fuentes sindicales avanzaron este lunes a CANARIAS AHORA que en los próximos días, las dos centrales, minoritarias entre los empleados públicos de la Comunidad donde dominan Sepca e Intersindical Canaria, pero mayoritarias en las Islas, darán por roto el diálogo social con el Gobierno autónomo debido a esa resolución que afecta a sus representantes en los distintos organismos de la Comunidad como sindicatos principales del Archipiélago.

A raíz de la resolución del director general, Aarón Afonso González, UGT y CCOO pierden una veintena de liberados cada uno de ellos, que tomaban parte, junto a representantes de los empresarios, en una veintena de órganos autonómicos.

En el caso del empresario, el Gobierno otorgaba ayudas económicas al transporte, y desde los años noventa, por medio del diálogo social para mantener la paz laboral, a los sindicatos se les concedió estos cuarenta liberados que ahora dejan de tener ese derecho, ya que las reformas introducidas por el PP en 2012 solo permite liberar a "aquellos que legalmente les corresponda, dejando sin efecto cualquier acuerdo o pacto anterior". Es decir, a quienes han sido elegidos en las elecciones sindicales del sector y figuran en la mesa de negociación.

La medida obligatoria, cuya entrada en vigor se retrasó un año al prorrogar Canarias la vigencia de estos representantes en octubre de 2012, se ha intentado arreglar en una reunión entre el Ejecutivo y los secretarios generales de las dos centrales, Gustavo Santana (UGT) y Juan Jesús Artega (CCOO).

En ella, el Gobierno de Canarias trasladó una propuesta de acuerdo similar al vigente en el resto de comunidades, que tras eliminar esta condición de liberado por la participación institucional, compensa a los sindicatos con una subvención económica para que siga ejerciendo ese derecho.

Las fuentes sindicales consultadas por CANARIAS AHORA han confirmado su rechazo frontal a la oferta económica del Gobierno, que ni siquiera llegó a ser cuantificada, al entender que la misma no tiene una cobertura legal adecuada como existe en otras comunidades con una ley de participación institucional.

Canarias carece de ella y en la agenda del Ejecutivo no se contempla, sino fórmulas alternativas para la concertación por medio de acuerdos a tres bandas entre patronales y sindicatos con el Gobierno que den estabilidad a la paz social.

Sin embargo, a UGT y CCOO la decisión drástica de eliminar a estos históricos liberados del díálogo social solo les invita ahora a romper el mismo con el Gabinete de Paulino Rivero, en el que tres de sus consejerías, Presidencia, Justicia e Igualdad, de Paco Hernández Spínola, Empleo, Industria y Comercio, de Paquita Luengo, ambos del PSOE, y Economía, Hacienda y Seguridad, de Javier González Ortiz (CC), se han visto implicadas en la frustrada negociación.

"El diálogo social está en peligro, es una oferta envenenada la que nos han hecho", aseguró la noche de este lunes a CANARIAS AHORA un destacado dirigente sindical. "El Gobierno ha hecho una interpretación sobre este tipo de acuerdos vinculados a la concertación social de que ahora son ilegales", ratificaron desde los sindicatos, que mantendrán en los próximos días reuniones bilaterales para decidir las medidas concretas a tomar en la Comunidad.

Los sindicatos, según ha podido saber este diario, se muestran molestos con el Gobierno porque la resolución de Función Pública, de 26 de diciembre, vulnera el derecho sindical a la participación institucional, reglada en el ámbito de la Dirección General de Trabajo.

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