UGT amenaza con una querella criminal por el ERE en La Oliva
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) Canarias, Gustavo Santana, ha reiterado en Fuerteventura que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento de La Oliva, que prevé el despido de 46 trabajadores, podría conllevar la presentación de una querella criminal por parte del sindicato en el caso de que se dieran indicios de que el Ayuntamiento haya procedido a “maquillar las cuentas para no reconocer su metedura de pata política”.
La presencia del secretario general de UGT Canarias en la Isla “refuerza la posición y el trabajo” que ha venido desarrollando la Federación de Servicios Públicos de UGT Fuerteventura para evitar el despido de 46 trabajadores en el Ayuntamiento de La Oliva, que preside Caludina Morales, de Coalición Canaria.
En el momento actual de la negociación, y ante la inminente ejecución de los despidos (hay que recordar que el Presupuesto 2012 aprobado el pasado mes de mayo solo contempla las partidas salariales de estos 46 trabajadores hasta final de este mes de junio), UGT Canarias se suma a la lucha iniciada por sus compañeros de Fuerteventura en defensa de esos puestos de trabajo.
Los representantes de UGT en la mesa de negociación del ERE del Ayuntamiento de La Oliva trazaron desde un primer momento su hoja de ruta con el objetivo de impedir la destrucción de empleo. De hecho, el mismo día que el Pleno de La Oliva aprobó el Presupuesto 2012 sin las partidas salariales, UGT Fuerteventura se manifestó en la puerta del Ayuntamiento.
En este contexto de negociación laboral provocada por el inicio oficial del proceso del ERE (el pasado 13 de junio, a las 16.00 horas) que afecta a 46 trabajadores laborales indefinidos (de los 255 incluidos en la plantilla), todos ellos con una antigüedad de entre nueve y 28 años, UGT considera un mal precedente que el grupo de gobierno plantee reducir la plantilla de trabajadores y sin embargo mantenga intacto su organigrama (y su coste presupuestario) de 12 concejales liberados.
“Ésta y otras cuestiones arrojan dudas sobre el criterio económico seguido por el Ayuntamiento de La Oliva en la necesidad de ejecutar un ERE”, sostiene el sindicato.
Santana afirma que “con el 35% de desempleo en la isla de Fuerteventura, Claudina Morales inicia con su empecinamiento político, el deterioro social y económico de la isla hasta sumirla en una profunda depresión”.
