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Los Verdes de Santa Brígida retiran la acusación contra el alcalde, del PP

PIDEN PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA CARMELO VEGA Y ANTONIO DÍAZ

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El principal denunciante del caso de incobro de impuestos en Santa Brígida a la UTE constructora de un centro comercial, el concejal de Los Verdes Antonio Ramírez, ha retirado la acusación contra el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, con quien mantiene un pacto de gobierno en ese municipio. Ramírez mantiene la acusación contra los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, para quienes pide penas de prisión e inhabilitación especial.

En el escrito de acusación presentado por Antonio Ramírez ante el juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas por el asunto, el actual concejal de Hacienda de Santa Brígida considera que tanto Carmelo Vega como Antonio Díaz son autores de los delitos de fraudes y exacciones fiscales y de prevaricación administrativa, por los que solicita penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para el primero y de otros nueve años de inhabilitación especial para el segundo.

La investigación judicial se abrió en 2005 como consecuencia de una denuncia firmada por Antonio Ramírez cuando era concejal del Partido Socialista, en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Ramírez denunciaba la decisión del grupo de gobierno de entonces, formado mayoritariamente por el PP y varios tránsfugas de Coalición Canaria, de exonerar del pago de 674.936,27 euros a la UTE Santa Brígida, que construye en el casco de la villa un centro comercial con aparcamientos subterráneos.

Esa cantidad se corresponde con el impago de 456.038,02 euros, del impuesto sobre construcciones, y 218.898,25, de la tasa municipal de licencia de obras, que no fueron ingresados por la constructora.

El grupo de gobierno, del que era concejal de Hacienda el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna (PP), mantuvo esta situación a pesar de las advertencias del secretario municipal de la Corporación, manifestadas públicamente en un pleno, y de los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que resaltaban esta grave irregularidad.

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