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Las asociaciones judiciales canarias piden que se investiguen las filtraciones

EN LOS CASOS RECIENTES SOBRE CORRUPCIÓN

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Las asociaciones judiciales de Canarias hicieron público este sábado un comunicado en el que critican las distintas manifestaciones de los responsables políticos "en conocidos casos de repercusión mediática y social". La nota, que apunta "siembra de alarmismo y sospecha generalizada de instrumentalización partidista", recuerda la obligación de los responsables políticos y actores sociales "de auxiliar a los Tribunales de Justicia y de colaborar con la Administración de Justicia" regulada por el artículo 118 de la Constitución Española.

Además, las secciones territoriales de Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia solcitan "por ser los primeros interesados en preservar las garantías procesales del justiciable" que se investiguen las filtraciones producidas y depuren responsabilidades.

El texto íntegro del comunicado emitido es el siguiente:

INFORME DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES DE CANARIAS

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia, secciones territoriales de Canarias, haciéndonos eco del malestar y preocupación instalados en el colectivo judicial por las distintas manifestaciones de responsables públicos que se vienen sucediendo en diferentes medios de comunicación y en conocidos casos de repercusión mediática y social, observamos la siembra de alarmismo y de la sospecha generalizada de instrumentalización partidista del sistema judicial al servicio de intereses espurios: 1) tergiversando la realidad judicial y jurídica, interpretándola de manera sesgada según tenga correspondencia o no con sus planteamientos, criterios o intereses partidistas, 2) poniendo en entredicho el quehacer profesional de algunos jueces y tribunales, que actúan y desarrollan su labor en los asuntos de relevancia mediática hasta el extremo de llegar a descalificaciones intolerables.

Expresamos nuestra contrariedad y rechazamos esas actuaciones que se califican de desacertadas e inoportunas. No se puede ni se debe desmerecer pública y abiertamente la independencia, objetividad e imparcialidad que constitucionalmente se le reconoce al Poder Judicial, so pena de dañar de manera irreparable la confianza en el sistema y por ende en el Estado de Derecho.

Por todo ello consideramos procedente recordar:

1º.- Que el Poder Judicial es uno de los tres Poderes del Estado y exigimos el respeto que institucionalmente se merece.

2º.- Que los responsables políticos y actores sociales tienen la obligación de auxiliar a los Tribunales de Justicia y de colaborar con la Administración de Justicia, (art. 118 de la Constitución Española).

3º.- Que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y que los Tribunales tienen la obligación de investigar e instruir los hechos que son objeto de denuncia con absoluto respeto a los derechos de los ciudadanos.

4º.- Que por ser los primeros interesados en preservar las garantías procesales del justiciable exigimos se investiguen las filtraciones producidas y depuren responsabilidades.

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