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La lucha contra la corrupción golpea al corazón empresarial de Gran Canaria

DETENIDO EL CONSTRUCTOR SANTANA CAZORLA, OTRO CONCEJAL DEL PP EN MOGÁN Y DOS EMPRESARIOS MÁS

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La lucha contra la corrupción dio este lunes un golpe impresionante en el corazón empresarial de Gran Canaria. Santiago Santana Cazorla, uno de los dos grandes constructores de la isla y entre las cinco o seis fortunas del Archipiélago, durmió la madrugada de este martes en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía.

Lo hace junto a otro concejal del PP en Mogán, Silverio Hernández, detenido como el presidente del Grupo Anfi en el marco de la Operación Góndola, en el que también fueron arrestados este lunes el promotor inmobiliario Álvaro Juan Canales y el propietario de Radio Arguineguín, Juan Melián Ascanio.

Al gran constructor y promotor turístico del sur de Gran Canaria se le imputan dos delitos: tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Todo parte del convenio urbanístico firmado entre Anfi y el Ayuntamiento de Mogán en el anterior mandato, por el cual el municipio debía recibir de la empresa fundada por el fallecido Bjorn Lyng tres parcelas, cuya desaparición del patrimonio municipal fue denunciada por las ex concejales del PP, ahora en Nueva Canarias, Carmen Delia Melián e Isabel Santiago.

Sin embargo, de los pinchazos realizados por los agentes de la Brigada Provincial de Información a dos de los teléfonos móviles del también propietario del Gran Hotel Canarias en Madrid, se derivan otras actividades supuestamente ilícitas, no sólo referidas a Anfi Tauro, que han llevado al magistrado que instruye el caso, José Alexis Reyes, a decretar esta drástica orden de detención desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana.

En esta segunda fase de detenciones de Góndola también han caído el concejal del PP Silverio Hernández, responsable de Economía, Hacienda, Personal, Limpieza, Mercadillos, Régimen Interior, Patrimonio y Contratación, que ejerció como portavoz popular tras el arresto del alcalde hace dos semanas y al que se le imputa tráfico de influencias, malversación y delito electoral, y el empresario Álvaro Juan Canales, imputado por malversación, revelación de secretos, alteración de precio para subastas públicas y tráfico de influencias.

La Policía, tras las actuaciones a primera hora de la mañana, procedió a detener sobre las once a un empresario de una emisora de radio moganera, Juan Melián Ascanio. El propietario de Radio Arguineguín está implicado en el cobro de cantidades económicas de las arcas municipales a cambio de hablar bien del PP, con contratos firmados por el alcalde, Francisco González, según consta en las investigaciones. Se le imputa malversación de caudales públicos.

Seguimiento policial hasta el aeropuerto de Gando

Santiago Santana Cazorla fue detenido poco después de las ocho de la mañana de este lunes en el aeropuerto de Gran Canaria, en el momento en que procedía a embarcar en un avión rumbo a Tenerife Norte. Agentes de la Brigada Provincial de Información hicieron un seguimiento al empresario hasta Gando, ya que en los últimos días no había podido ser localizado en alguno de sus domicilios habituales.

Tras ser abordado discretamente en el instante de pasar el control de facturación, Santiago Santana fue conducido a las instalaciones de Anfi para entregar a la policía documentación requerida por el juez sobre el convenio originario de la denuncia de Mogán, la urbanización de Anfi Tauro. Después de un registro, fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía, en Las Palmas de Gran Canaria, donde aguarda para pasar a disposición judicial, este mismo martes.

En cuanto al concejal del PP en Mogán, Silverio Hernández, al que se le atribuyen irregularidades de tipo urbanístico, también se le imputa un delito electoral, como en el caso de la teniente de alcalde, Onalia Bueno, y su asesor, Manuel De León, detenidos hace dos semanas dentro de la misma operación junto al alcalde del municipio, Francisco González.

Delitos electorales e investigaciones prohibidas

A Bueno y De León se les imputó el delito contra la ley electoral por pretender captar votos para el PP el próximo 27 de mayo. El procedimiento consistía en empadronar a turistas en el municipio, ya que obtendrían las ventajas que tienen todos los residentes canarios a la hora de descuentos en billetes de avión y de barco. De León se encargaría de llevar personalmente las papeletas electorales a estos turistas, al menos unos 300, el mismo día de las elecciones.

El tercero de los detenidos es el empresario Álvaro Juan Canales, al que los investigadores relacionan con operaciones inmobiliarias irregulares que están siendo analizadas por el juez. Se le imputan delitos de malversación de caudales públicos, alteración del precio de las cosas en subasta pública y tráfico de influencias, además de revelación de secretos.

En cuanto a este último delito, también Onalia Bueno y Manuel De León fueron encartados con la misma imputación, en su caso al ordenar la teniente de alcalde investigar a una comisaria de policía, por medio de la revelación de secretos referentes al Impuesto de Bienes Inmuebles que obra en poder del ayuntamiento de Mogán, ya que la funcionaria tiene un apartamento de 40 metros cuadrados en Puerto Rico.

Álvaro Canales, además, está denunciado por amenazas por las dos concejales de Nueva Canarias, Carmen Delia Melián e Isabel Santiago, que revelaron a la autoridad judicial los hechos que han dado lugar a la operación Góndola cuando acababan de abandonar el PP.

Con respecto al propietario de Radio Arguineguín, dada su edad de 70 años, tras pasar por Jefatura, en la Avenida Marítima de la capital, para cumplir con todos los trámites de su detención y la imputación de los cargos, el juez permitió el traslado a su domicilio y queda a expensas de pasar a declarar este mismo martes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana que lleva el caso Mogán.

Nueve detenidos en dos semanas

La Operación Góndola suma ya nueve detenidos con las actuaciones policiales de este lunes. Hace dos semanas la policía procedió a privar de libertad, durante las 72 horas legales por orden del juez que instruye el caso en San Bartolomé de Tirajana, José Alexis Reyes, a los primeros cinco implicados que caen en la trama investigada por la denuncia presentada por las dos ex concejales del PP, Carmen Delia Melián e Isabel Santiago.

Hasta el momento, son el alcalde del PP en Mogán, Francisco González, la teniente de alcalde, Onalia Bueno, su asesor, Manuel De León, el secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil y el ex funcionario municipal, Marcelino Martín. Todos fueron puestos en libertad sin fianza e imputados de diversos delitos relacionados con la corrupción urbanística, contra la ley electoral y por investigar a una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía.

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