El denunciante de La Bufona pide reiniciar el expediente
El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos ocupados en ese plan parcial de Arrecife, Eduardo Murillo, ha solicitado a la presidencia del Gobierno de Canarias, que el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) reinicie los expedientes de restitución de la realidad física alterada de 14 viviendas de esa urbanización.
La Agencia, diez años después de que se precintaran las obras, elaboró las resoluciones de demolición de parte de 14 viviendas que ocupan suelo rústico. Sin embargo, las resoluciones se firmaron el día anterior a su caducidad. Murillo considera en su escrito que la Apmun, “de manera aparentemente artificiosa y presuntamente premeditada retuvo la firma de esas resoluciones hasta el día que en que se cumplía el plazo de su caducidad, de tal forma que era materialmente imposible que fueran comunicadas en plazo” y advierte que podría considerarse como un delito de prevaricación por omisión.
La Agencia debería reiniciar de nuevo el procedimiento ya que decidió archivarlo de oficio porque se iban a comunicar fuera de plazo. Murillo hace esta petición ocho meses después de que firmaran las resoluciones y tras reunirse con la funcionaria responsable de esos expedientes, que le trasladó que ella resolvió en tiempo y forma esas resoluciones y que la orden de reinicio depende de la Dirección Ejecutiva de la Apmun.
El propietario de los terrenos de La Bufona hizo una primera petición en marzo, tras la que se reunió con dicha funcionaria. Este mes de abril reiteró su petición al presidente del Gobierno, haciendo notar que la Apmun no ha sancionado las obras “ilegalizables” en esa urbanización, que habrían de ser demolidas al invadir suelo rústico de especial protección ecológica por paso de jable.
En junio del año pasado, la Apmun ordenó la demolición parcial de 14 chalés que se encuentran en la calle Chabusquillo de esa urbanización. En las resoluciones de la Agencia se hacía referencia, en todos los casos, a la realización de obras “sin contar con las autorizaciones pertinentes”.
Señalaba la Agencia que “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. En las resoluciones se decía que la infracción contra la ordenación se encuentra prescrita pero que queda pendiente la reposición de la realidad física alterada. Entre los propietarios a los que afectan estas resoluciones se encuentra la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, y Miguel Pallarés, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y ex fiscal coordinador de Lanzarote.
En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.
En el juzgado
En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.
En julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.
En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, así como el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, sobre quienes se ha pedido su archivo. Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que los propietarios de parte del suelo de ese plan parcial, la familia Murillo, denunció hace más de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas de ese plan han quedado fuera de ordenación.
Por otra parte, estas casas, que ocupaban los terrenos de Murillo, han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Actualmente, las casas, de más de 200 metros cuadrados, presentan doble referencia catastral y aparecen como de naturaleza rústica.
