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Los dependientes canarios son los más perjudicados por los recortes estatales

SEGÚN EL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA

El gasto público total estimado de las atenciones en las islas se verá reducido en 22 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 22% con respecto a 2011.

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Los Directores y Gerentes en Servicios Sociales ponen de manifiesto a través de su Observatorio Estatal de la Dependencia que los dependientes canarios son los más perjudicados por la derogación encubierta de la Ley de Dependencia que lleva a cabo el Gobierno. En total, calculan que dejarán de percibir casi 22 millones de euros, lo que supone una merma del 22% sobre el gasto público total estimado de las atenciones prestadas en cada territorio autonómico en 2011.

La reducción citada corresponde, en primer lugar, a la supresión del Nivel Convenido de Financiación con las comunidades autónomas y a la reducción en un 13,2% del nivel mínimo garantizado a estas, lo que supondrá un quebranto de casi 10 millones de euros para el Archipiélago y 370 millones de minoración de las arcas autonómicas del territorio nacional. Estas dos medidas recortarán en Canarias un 22,41% con respecto al 2011, situando a las arcas del archipiélago entre las menos mermadas del territorio nacional gracias a que, como explica el informe, las restricciones "favorecerán a las Comunidades que peor desarrollaron esta política social, hundiendo a las que los hacían razonablemente bien o lo intentaban".

Sin embargo, dentro de las modificaciones introducidas por decreto, existen medidas de reducción del gasto que favorecerán a las comunidades autónomas, aunque, según denuncian los Gerentes Sociales, "su finalidad será reducir el gasto público a costa de la depauperación del sistema de atenciones". Estas son: la reducción de las PECEF en un 15% y la eliminación del derecho a percibir retroactivamente los importes de dichas prestaciones económicas en los casos en que se hubieran devengado. Sumadas, supondrán un ahorro potencial a la Comunidad Autónoma canaria de 12.472.088,31 euros, o lo que es lo mismo, una merma de tal cantidad a los dependientes canarios.

Al sumar todas estas medidas del Ejecutivo estatal, da como resultado la ya mencionada cifra de 22 millones de euros que los dependientes canarios dejarán de percibir. O, lo que es lo mismo, la reducción del 22% del montante destinado en el 2011, lo que sitúa a los dependientes canarios como los más perjudicados por esta reforma del Sistema de Atención a la Dependencia.

En otras palabras, el impacto económico mensual promedio calculado sobre las personas con derecho a atenciones en el Archipiélago es de -80 euros, lo que sitúa lo destinado para cada dependiente en una cifra alrededor de 460 euros. Prácticamente, asegura la asociación, "lo único que se puede abonar con esos importes son prestaciones económicas y la teleasistencia", por lo que mantienen que "el sistema se destruye por inanición". Ante este denominado "destrozo total del sistema", solo caben dos posibilidades de valoración de la maniobra según el informe: "O se trata de una demolición cruel y calculada de la Ley de dependencia o bien se ha cometido una torpeza de tal calibre que exigiría la dimisión de más de un responsable ministerial".

Para la asociación, este recorte en la Ley de Dependencia supondrá la "destrucción de la red de servicios, el cierre de empresas del sector, la pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse estos servicios".

El montante total estatal de la reducción, cifrado en 816,6 millones, "invertidos inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y unos retornos a las arcas públicas de 352 millones de euros que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 500 millones de euros". Sin embargo, denuncian los Gerentes Sociales, "se depreciarán todas las atenciones a más de 750.000 personas, se destruirán con toda seguridad en lo que resta de año 2012 más de 10.000 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en Servicios Sociales".

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