eldiario.es

Menú

El dictamen del 'caso Amorós' huye del informe de la Audiencia de Cuentas

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DIJO BASARSE EN ESE DOCUMENTO

- PUBLICIDAD -

El pleno del Parlamento de Canarias vota este miércoles el dictamen de la comisión de investigación del denominado caso Amorós, relativo a la gestión del que fuera director general del Tesoro y Política Financiera, Alberto Amorós, en la anterior legislatura, cuando el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, era consejero de Economía y Hacienda, área a la que está adscrita la Dirección General del Tesoro.

La comisión de investigación arrancó el 25 de abril del pasado año, con el Informe de Fiscalización de la Actividad Financiera y de la Tesorería de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2002 como herramienta fundamental. En este informe figuran 29 conclusiones referidas a las actuaciones de la Dirección General. En cuanto a personal, según el documento de la Audiencia de Cuentas, las necesidades de personal en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera están suficientemente cubiertas, a excepción del Negociado de conciliaciones bancarias, y se considera que el personal de la Intervención Delegada en el Tesoro y Política Financiera "es insuficiente para las tareas que le deben ser encomendadas".

Entre otras conclusiones, el referido domcumento indica que la Intervención General "no ha realizado las funciones de control interno sobre la gestión diaria de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, imposibilitándose, por tanto, un mayor control sobre la gestión del área del Tesoro". Según la Audiencia de Cuentas, "la Intervención General no ha efectuado en los últimos diez años el control de las conciliaciones bancarias, al menos hasta el 31 de diciembre de 2002, sin que pueda servir de justificación el reiterado obstruccionismo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera".

"Tal hecho -a juicio de la Audiencia de Cuentas- debió ser puesto de manifiesto por la Intervención General al entonces consejero de Economía, Hacienda y Comercio, en base al artículo 13 del Decreto 28/1997, que estipula que la Intervención General dará cuenta al Gobierno, a través de la consejería competente en materia de Hacienda, de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas".

El órgano fiscalizador detectó que la Intervención General no había elaborado ningún manual de procedimientos para la fiscalización específica que debe existir sobre la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que este órgano tampoco había desarrollado "un plan de Tesorería que determine una previsión cierta de los cobros y pagos para la correcta gestión financiera de los fondos públicos" y que era "excesivo" el tiempo que transcurre sin depurarse algunas cuentas del estado extrapresupuestario "Partidas pendientes de aplicación".

280 cuentas corrientes a cargo de Tesorería

Uno de los datos más llamativos del informe fiscalizador es que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tenía a su cargo 280 cuentas corrientes, "cifra excesiva para una correcta gestión de la Tesorería, en especial las restringidas de recaudación y las recaudatorias en fase ejecutiva". Es más, no se estableció ningún procedimiento donde, garantizando la concurrencia y las mejores condiciones para la Administración, se permitiera seleccionar una única entidad financiera para las numerosas cuentas de habilitaciones de la Administración Pública canaria, al objeto de obtener un mejor aprovechamiento financiero de los fondos públicos.

Según el informe de la Audiencia de Cuentas, "la dirección general no ha efectuado de forma satisfactoria las conciliaciones bancarias, que constituyen un valioso instrumento de control de la Tesorería y para la correcta contabilización de los cobros y pagos. Hasta 2003 no se han conciliado la totalidad de las cuentas, entre ellas las del Banco de España, no se han depurado las conciliaciones realizadas y se ha impedido a la Intervención Delegada la fiscalización de las mismas".

Se detectó que el estado de situación de fondos "no ha reflejado en los últimos ejercicios la realidad de la Tesorería de la Administración General de la Comunidad Autónoma, debido a la ausencia de depuración de las conciliaciones de las cuentas corrientes y a la contabilización como disposición de fondos de la mera firma de un contrato de póliza. Esta ausencia de control por parte de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General, ha determinado tanto la existencia de gastos cargados en cuenta sin la previa ordenación del gasto y del pago, como la formalización de ingresos inexistentes".

Auditoría paralizada y trabajo de Andersen Consulting sin contrato ni verificación

La Inspección General de Servicios paralizó la auditoría de gestión de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (establecida en su plan anual de inspección para 1997), ya que la consultora privada Andersen Consulting S.A. estaba realizando un proyecto denominado Definición de procedimientos del área del Tesoro e implantación de una aplicación informática para la gestión de Tesorería. Según el informe de la Audiencia, "no existe expediente administrativo alguno de contratación, ni gasto. Por tanto, estaríamos ante un contrato verbal instado por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La Inspección General de Servicios no verificó el resultado final del trabajo realizado por la empresa Andersen Consulting S.A.".

"No obstante haber comunicado la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Economía, Hacienda y Comercio que el proyecto señalado en la conclusión anterior fue realizado de modo gratuito, se ha verificado un pago de fecha 30 de julio de 1997 por parte del Banco Central Hispanoamericano, de 270.455 euros a la empresa Andersen Consulting S.A., hoy Accenture, S.L.", se indica en el informe. Accenture S.L. y Dell Computer fueron las empresas adjudicatarias del programa Medusa, para suministro de equipos informáticos, cuando José Miguel Ruano estaba al frente de la Consejería de Educación. El importe total fue de 4.257.772.868 pesetas (4.257 millones de pesetas) y fue publicado en el BOC del 7 de noviembre de 2001.

"El pago de la citada factura se deriva de la existencia de una oferta contractual de patrocinio efectuada por el Banco Central Hispanoamericano, en fecha 30 de junio de 1997, ala Dirección General del Tesoro y Política Financiera, quien posteriormente la aceptó según demuestran los hechos comprobados por esta Audiencia. En efecto, a cambio de una serie de pagos por liquidaciones de seguros sociales y de aplicaciones trimestrales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la citada dirección general ha podido disponer de 450.759 euros a través del Banco Central Hispanoamericano (según información suministrada por el Banco Santander Central Hispano y especificada en algunas de las facturas) por el cual esta entidad financiera ha abonado al menos diversas facturas por un total de 461.207 euros, cantidad incluso superior a la establecida en dicho acuerdo", se aclara en el informe.

Por tanto, según la Audiencia de Cuentas, "se han producido unos ingresos derivados de la gestión de la Tesorería de la Comunidad Autónoma que no se han aplicado al presupuesto. Dichos ingresos han servido para abonar diversas facturas autorizadas expresamente por el director general del Tesoro y Política Financiera".

Este acuerdo no fue remitido por la Administración de la Comunidad Autónoma, sino que la información se obtuvo por la propia entidad financiera. No obstante, tanto para dicha entidad financiera como para la Consejería de Economía y Hacienda, 2la justificación de estos pagos realizados al margen del presupuesto es consecuencia del 'Convenio entre el Gobierno de Canarias, y las entidades de crédito operantes en las Islas Canarias, para establecer un marco a las entidades financieras de las operaciones activas y pasivas', de fecha 22 de marzo de 1996, con una addenda de 16 de junio de 1997, la cual prorroga la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 1997".

Sin embargo, para la Audiencia de Cuentas, "dicho convenio no es causa esgrimible del acuerdo anteriormente mencionado, pues en ninguna cláusula se especifica la no incorporación al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de ingresos financieros derivados de la gestión de la Tesorería, a cambio de la libre disposición, por la Consejería de Economía y Hacienda, de dichos rendimientos para pagos al margen de la voluntad presupuestaria establecida legalmente. Destacar, a su vez, que dicho convenio no ha tenido en cuenta algunas de las observaciones jurídicas señaladas en los informes de la asesoría jurídica departamental, así como de la Intervención General".

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha