El edificio judicial se estrena con el caso Europa
El juicio del caso Grupo Europa, una pieza separada del denominado caso Faycán contra la corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el mandato 2003-2007 de PP y AFV-Ciuca, se celebrará en el nuevo Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, en el Polígono de la Vega de San José, en once sesiones entre el 15 de enero y el 7 de febrero, un año después de haberse fijado sus primeras fechas y cinco desde el auto judicial de fin de instrucción.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido acoger el juicio oral contra el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez y el por entonces jefe de los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, ahora al frente de los servicios jurídicos, en la Sala de Vistas número 15 del Palacio de Justicia de San Cristóbal, que desde octubre empieza a concentrar, en varias fases, la dispersión de juzgados capitalinos.
El tribunal dirigido por el presidente del TSJC, José Ramón Navarro Miranda, ha citado a los siete acusados en este caso de presunta corrupción con viviendas sociales en Telde el 15 de enero a las 09:30 horas, para iniciar el juicio oral que quedó aplazado en abril por recursos y recusaciones contra Antonio Castro Feliciano, anterior presidente del alto tribunal canario.
La pieza separada número 38 del caso Faycán de la que dimana el caso Grupo Europa abrió en mayo de 2007 una investigación dirigida por el juez Javier García García-Sotoca, desde el antiguo juzgado mixto de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde, y dio con una trama en la que, por medio de Jorge Rodríguez, Grupo Europa entró en contacto con la ya fallecida Toñi Torres, concejala de Vías y Obras teldense, para construir viviendas sociales.
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, en el escrito de acusaciones formulado por Luis Del Río, solicita para Jorge Rodríguez Pérez como presunto autor de dos delitos de tráfico de influencias al abrir las puertas del ayuntamiento a Grupo Europa, un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y 120.000 euros de multa para quien fuera portavoz del PP en el Parlamento canario en el momento de los hechos.
Jorge Rodríguez es el principal acusado del caso por su relevancia política, pero no para el que el fiscal solicita una mayor pena, al entender que los al menos 64.000 euros que cobró el político de la constructora madrileña no suponen un delito de cohecho, soborno del que sí está acusado el actual jefe de los servicios jurídicos de Telde, entonces al frente de los servicios de Urbanismo, José Luis Mena, por liberar suelo para construir las casas de Grupo Europa.
Para Mena, Anticorrupción reclama ocho años de prisión, catorce de inhabilitación pública y casi 200.000 euros de multa, por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de cohecho; al igual que para su subordinado Pedro Pablo Santana, también acusado de cohecho -recogió dos sobres de Grupo Europa con 30.000 euros cada uno, uno de ellos para Mena, de manos del denunciante del caso- al que le pide tres años de cárcel.
Al propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, la Fiscalía le acusa de cohecho continuado -por sobornos, entre otros, a Mena, pero que alcanzarían los 240.000 euros- y pide por ello cuatro años y seis meses de prisión y multa de 600.000 euros y otro año más de prisión por un delito contra el mercado y los consumidores ya que el objetivo final era inflar el precio de las viviendas sociales, cargando gastos ficticios a un suelo público gratuito.
También figuran otros tres acusados, entre ellos el denunciante y exgerente en Canarias de Grupo Europa, Francisco Cambreleng, acusado confeso de haber entregado, por orden de su jefe, los dos sobres con 30.000 euros al subordinado de José Luis Mena. El atenuante de la confesión entendido por el fiscal como circunstancia muy cualificada dejaría su pena en un año y 23.000 euros de multa, y otros tres meses y 1.350 euros por falsedad documental.
La fiscalía también solicitada para Juan Carlos Saavedra Guadalupe, exgerente de la empresa municipal teldense Urvitel, tres años de prisión por cohecho -también por otro soborno de 30.000 euros- y uno más por el mismo delito contra el mercado y los consumidores -Urvitel liberó ese suelo gratuito al que Grupo Europa imputó un gasto a repercutir en el precio de la vivienda social-, en este último caso, al igual que su esposa, Verónica Melgar.
Las sesiones del juicio están previstas para el 15, 16 y 17 de enero, con cuestiones previas y las declaraciones de los acusados desde el primer día; las testificales de catorce policías que han tomado parte directa o indirectamente en la investigación se concentran el lunes 20 de enero; otros dieciseis testigos declararán entre el martes 21 y el miércoles 22, entre ellos, el exasesor de Toñi Torres Francisco Gordillo o el exalcalde de Telde Francisco Valido.
El 23 de enero la Sala ha reservado la jornada para la declaración de otros cuatro policías, como testigos-peritos, y el 30 de enero se cierra con los testimonios de funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Comisión de Ordenación del Territorio canaria (Cotmac), así como del redactor del Plan General de Telde, Francisco González González-Jaraba.
Ya en febrero, los días 5, 6 y 7 quedan para las conclusiones y los informes del fiscal y de las defensas del primer juicio por corrupción en el PP de la era de José Manuel Soria.
