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Los empleados públicos apuntan a las prebendas de los altos cargos

'ENMIENDAS' A LA LEY DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Los sindicatos de la Función Pública insisten en que hay alternativas al recorte salarial del 5% que este viernes se debate en el Parlamento.

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Se sienten cabeza de turco en el plan del Gobierno de Canarias para encajar en las cuentas de la Administración el desfase producido por el recorte de 800 millones procedente de los Presupuestos Generales del Estado. ''Es duro, pero era la única alternativa para no destruir empleo'', han repetido como axioma desde el Ejecutivo regional para justificar el recorte salarial del 5% a unos empleados públicos que denuncian haber perdido de media un 22% de poder adquisitivo en los últimos cinco años.

Los sindicatos de la Función Pública insisten, en cambio, en que existen otros patrones para adelgazar la administración sin necesidad de tocar el bolsillo de los funcionarios y apuntan directamente a las "prebendas" de las que gozan los altos cargos. Las propuestas que han llevado a la Mesa de Negociación que finalmente abandonaron coinciden en lo sustancial: la defensa del empleo y los servicios públicos y la necesidad de reestructurar el organigrama de la administración, reduciendo el volumen de asesores y altos cargos, además de una serie de medidas de contención del gasto en asuntos como, por ejemplo, el alquiler de locales, el mantenimiento informático o el parque móvil.

El capítulo 1 de Personal representa el 37% de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y el ahorro previsto con la reducción salarial del 5% será de 130 millones de euros, aunque en el documento que el Gobierno remitió al Ministerio el recorte en personal asciende a 222 millones.

En las 9 consejerías del Gobierno de Canarias se concentran 18 viceconsejerías , 45 direcciones generales y 10 secretarías generales, además de las direcciones territoriales de Educación, la Intervención y la Inspección General, y varias agencias e institutos. Con el recorte del 5%, que también afecta a los altos cargos, los consejeros pasarán a cobrar 62.150 euros anuales; los viceconsejeros, 56.253 euros, y los directores generales, el interventor y el inspector general, 55.560 (sin seguridad social ni antigüedad). Para el ejercicio 2012, el Ejecutivo contaba con 88 plazas para personal eventual (asesores) con un coste medio de 33.215 euros, aunque el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que se debate este viernes en el Parlamento, contempla la extinción de contratos para 14 de ellos.

Para aligerar este volumen de gasto en las altas esferas del Ejecutivo regional y ganar en eficacia y eficiencia, los sindicatos proponen la reducción de los centros directivos -algunos hablan de hasta en un 50%- y del "séquito" que acompaña a los consejeros. ''Si una consejería tiene un grupo de asesores importante o varias direcciones generales, la figura del viceconsejero sobraría, de la misma manera que, si se fusionaran viceconsejerías o direcciones generales, sobrarían asesores", explica José Ramón Barroso, coordinador del Área Pública de CCOO. La ley de ajuste contempla la eliminación de cuatro direcciones generales, una cantidad que las fuerzas sindicales consideran insuficiente.

Otra de las reivindicaciones que aparecen en el listado de ideas de los sindicatos es que los directores generales sean obligatoriamente funcionarios del grupo A-1 de la Comunidad Autónoma o que sus labores sean asumidas por Jefes de Área o Servicio que, según Manuel González, representante de Sepca, están "perfectamente capacitados" para cumplir con este cometido y perciben una retribución inferior. Además propugna que se limiten las Jefaturas de Área de libre designación.

Con un planteamiento similar, Intersindical Canaria defiende que el personal de confianza y los altos cargos que tengan plaza como empleados públicos perciban sus retribuciones en función de la categoría profesional que ostenten o del cuerpo o la escala en la que se integren.

El portavoz de CCOO también propone que la reducción salarial, en caso de ser necesaria, tenga carácter progresivo y no lineal, de manera que asuman una mayor carga los trabajadores que más perciban. En este sentido, la Unión de Funcionarios de Gran Canaria, a través de su portavoz, Roberto Reyes, reclama que los altos cargos del Ejecutivo regional 'prediquen con el ejemplo' ajustando sus sueldos en un 20%.

Dietas y "otras prebendas"

La normativa de dietas constituye otro de los frentes de batalla de los empleados públicos. En la actualidad están divididas en dos categorías. Para el grupo 1, en el que se inscriben los altos cargos del Gobierno de Canarias, la asignación por asistencia a otra isla para cuestiones de trabajo asciende a 53,34 euros diarios en concepto de manutención y de 102,56 en alojamiento. Para el resto de personal, encuadrado en el grupo 2, la cantidad es de 37,40 en manutención (un 43% menos) y 65,97 en alojamiento (55% menos). A los altos cargos que residen en islas no capitalinas también se les proporciona una ayuda al alquiler.

La revisión y equiparación a la mínima (grupo 2) de las dietas, su suspensión temporal ante la actual situación de la Comunidad Autónoma o, directamente, su eliminación, son las soluciones que aportan distintos frentes de empleados públicos en los documentos que han presentado con las propuestas de ahorro. Además, exigen que se garantice que las comisiones de trabajo se realicen en horario de mañana para evitar que el gasto se dispare por las dietas y apuestan por la implementación efectiva de las videoconferencias en estas reuniones.

CCOO critica, en esta línea, que recientemente se le asignaran las dietas máximas a todos los componentes de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, formada por unas 14 personas, y los "complementos de por vida" que se reservan determinados cargos. ''Si un maestro tiene un complemento de destino 23 (6.647 euros anuales) y asciende a Director General, se le puede incrementar hasta el 30 (11.785 euros). Si se mantiene dos años en el cargo y vuelve a su plaza anterior, conserva el complemento de destino 30 de por vida", explica José Ramón Barroso.

En su particular cruzada contra los privilegios de los altos cargos, los sindicatos confluyen en su petición de suprimir las indemnizaciones por cese de aquellos que tengan su plaza como empleados públicos. "No se llevan menos de 6.000 euros", asevera Manuel González, de Sepca. Otra fórmula de ahorro que plantean es la equiparación de los seguros de vida de los altos cargos con los del resto de personal. Con respecto a los asesores, piden su inclusión bajo el sistema de control horario de la Administración (SICHO), ya que "perciben su remuneración a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma".

Las centrales inciden, además, en el alto coste que supone a la administración las demandas sobre recalificación profesional, laborales indefinidos o contratos públicos por la contratación de servicios jurídicos externos. "En muchos casos colisionan con las directrices de las consejerías y no hay patrones comunes", explica José Ramón Barroso, que concluye que la batería de medidas propuestas parte de la premisa de que "no sobra ni un empleado público" en Canarias.

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