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El ex alcalde de Yaiza declara como imputado

ESTE VIERNES, POR EL CASO 'COSTA ROJA'

José Francisco Reyes, el secretario municipal y el jefe de la Oficina Técnica están acusados de prevaricación urbanística.

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El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y el jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, declaran este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife en calidad de imputados por la concesión de la licencia de ejecución del proyecto Costa Roja en Playa Blanca, una urbanización de más de mil viviendas.

En un auto del pasado 27 de enero, la magistrada titular del Juzgado, Ángela López-Yuste, desestimó los recursos de reforma de los tres imputados contra la resolución de ese Juzgado de marzo de 2010 por la que se acordaba archivar la denuncia por cohecho contra el promotor Luis Lleó pero continuar con el caso en procedimiento abreviado. Los imputados pedían el archivo de las actuaciones.

El Juzgado considera que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística. Dice el auto que tanto las licencias concedidas para el proyecto básico como la de segregación de la parcela infringían la normativa a la vista de la clasificación del suelo y que se otorgaron con clara infracción del procedimiento administrativo aplicable.

Destaca la jueza que a pesar de todo ello, tanto el secretario como el técnico emitieron informes favorables y que el ex alcalde dictó los decretos de las licencias a sabiendas de su ilegalidad.

El caso

El caso Costa Roja comenzó en diciembre de 2006 cuando Reyes concede al promotor Luis Lleó la licencia para el proyecto básico. El Cabildo, que tuvo conocimiento de su concesión por la prensa, interpone un contencioso administrativo en abril de 2007. Además, el secretario del PSOE, Carlos Espino pone que querella criminal contra estos tres imputados.

En junio de ese año, Reyes concede la licencia para el proyecto de ejecución cuando estaba como alcalde en funciones, dos semanas después de las elecciones de mayo de 2007. La urbanización no se llegó a construir porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas accede a la petición del Cabildo de aplicar medidas cautelares y suspende la licencia.

Esta parcela es la que da pie al inicio de la operación Unión, ya que el promotor Luis Lleó intentó sobornar a Espino a través de Fernando Becerra para lograr el desbloqueo del proyecto. Espino denunció el hecho a la Guardia Civil y se inició la investigación, que después derivó en otras tramas debido a que se encontraron múltiples indicios de otros tipos de delitos gracias a los pinchazos telefónicos.

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