Una exconcejala del PP señala a Lucas Bravo de Laguna como autor de los panfletos calumniosos de 2007
En la mañana del 27 de mayo de 2007, día de las elecciones municipales de aquel año, Santa Brígida amaneció con miles de panfletos esparcidos por sus calles y en las puertas de los colegios electorales en los que se acusaba a Antonio Díaz, por aquel entonces alcalde del municipio y candidato a la reelección por la Agrupación Amigos Demócratas, de traidor y de haber violado a una menor en Cuba. Díaz denunció el caso ante la Guardia Civil pero la investigación había sido archivada provisionalmente. Hoy, ocho años después, el político ya retirado solicita al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que se reabra el procedimiento para buscar al culpable de un hecho que le ocasionó daños “como persona, empresario, político” y “sobre todo” hirió a su familia.
Ahora Díaz tiene dos pruebas que cree que pueden ser vitales para demostrar quiénes fueron los culpables de esta acción ofensiva. Por un lado la declaración de la ex concejala del Partido Popular Oneida Socorro (candidata en estas elecciones al Consistorio satauteño por el partido Ciudadanos de Centro Democrático) y por otro, un documento firmado por una de las ex trabajadoras de la imprenta en la que presuntamente se realizaron las copias (Campo y Naturaleza) en la que afirma que los libelos se realizaron allí.
Socorro admitió el pasado mes de marzo ante notario que en la sede del Partido Popular de Santa Brígida, en una reunión celebrada el viernes 25 de mayo, advirtió la presencia de varias cajas de cartón con miles de panfletos impresos en fotocopiadora con las acusaciones hacia Antonio Díaz. En dicha reunión estaban presentes, entre otros, el candidato por aquel entonces y futuro alcalde, Lucas Bravo de Laguna, y Armando Umpiérrez (actual coordinador de medianías del Cabildo de Gran Canaria, nombrado por el PP) y que cuando preguntó sobre el origen y destino de estos papeles, miembros del partido reconocieron que estaba previsto distribuirlos por todo el municipio. La política, que era la octava en la lista de su partido, asegura que en ese momento protestó y manifestó su “enérgica oposición a tal proceder y rechazo a tal pretensión” por considerarla “carente de veracidad constatada, injusta y contraria a la buena práctica política”. Sin embargo, a la mañana siguiente un vehículo blanco repartió por todo el pueblo las más de 10.000 octavillas.
En uno de los testimonios redactados por la Guardia Civil en 2007 se recoge que Socorro había explicado a un periodista que se había opuesto y que no estaba de acuerdo. Además, una trabajadora de Campo y Naturaleza que se puso en contacto anónimante con el comunicador le había confesado que las fotocopias fueron realizadas por todos los empleados de la empresa y algunos políticos del Partido Popular, entre los que figuraban el propio Lucas Bravo de Laguna, la concejala Paula Rosa Vera Santana y otro que por la descripción física se trataría de Armando Umpiérrez.
En cuanto a la revelación firmada de la que fuera telefonista de la imprenta Campo y Naturaleza, esta confirmaría lo que ya apuntaba el informe realizado por la Guardia Civil de que fue en esta empresa que ya no existe en la que se realizaron las octavillas. Sin embargo, no se pudo concretar entre otras cosas porque la impresora en la que se realizaron las copias fue vendida en el verano de 2007 a un particular de Fuerteventura por 1.200 euros junto a maquinaria agraria. El motivo de la venta, según las interrogaciones realizadas a varios extrabajadores de la imprenta, era porque la máquina fallaba constantemente, por lo que fue sustituida por una nueva que costó más de 5.000 euros. Sin embargo, la empresa del renting de la impresora había corroborado que la reparación saldría más barata, aparte de tener registrado un aumento de las fotocopias antes de las elecciones.
Entre las declaraciones de los extrabajadores destacó la de una de las comerciales quien aseguró que observó una gran cantidad de cajas de folios en la época de las elecciones y que tenía constancia de la “manía” que le tenían en la dirección de la empresa a Antonio Díaz.
La Benemérita había interrogado al administrador y uno de los socios de la imprenta, el empresario Juan Manuel Ruano Torres, simpatizante del Partido Popular y reconocido como uno de los financiadores de la campaña electoral de Lucas Bravo de Laguna. Entre los apuntes del informe destaca que el día en el que se personaron dos agentes de la investigación en la imprenta este se encontraba “en aptitud bastante nerviosa”. En cuanto a la declaración de Ruano, este confirmó que conocía a Quitito, afiliado al PP y simpatizante del partido y que en la investigación señalan como el posible conductor del vehículo blanco desde el que se lanzaron los folletos. Uno de los testigos de este coche fue un guardia civil quien confesó que no le dio tiempo a tomar la matrícula por la alta velocidad a la que circulaba. Quitito es el nombre por el que conocen los más allegados a Francisco Ortiz Santana, jefe de aquella campaña electoral y concejal aquel año de Parques y Jardines, Medio Ambiente, Juventud, Agricultura y Ganaderia. En la actualidad es el coordinador en la Consejería de Deportes, de la que es titular Lucas Bravo de Laguna en el Cabildo de Gran Canaria.
Sobre Quitito ya se había pronunciado la hermana de Antonio Díaz ante el Juzgado cuando este realizó diligencias previas. Así, esta señora declaró que la octava en la lista del PP (Oneida Socorro) le había dicho que el PP no había sido y acusaba a Francisco Ortiz de haber realizado el reparto a pesar de que “hasta última hora” le pidieron que no lo hiciera y que “Lucas estaba muy enfadado por ese hecho”.
Aquellas elecciones fueron ganadas por el Partido Popular con ocho concejales y gobernó gracias a un pacto con Los Verdes. Mientras, Antonio Díaz logró ser concejal con el partido fundado ese mismo año por él. En 2011 volvió a afiliarse al Partido Popular para tener acceso a las facturas de la formación y asegura que estos panfletos se pagaron en parte con dinero del Consistorio. Entre las diligencias que pide al Juzgado está que se vuelva a tomar declaración a Lucas Bravo de Laguna, a Armando Umpiérrez, a Oneida Socorro y a la que fuera telefonista de Campo y Naturaleza.
