El expediente sobre los sondeos, ''una chapuza''

El consejero de Presidencia del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola, indica que aún no se ha podido presentar ante el Tribunal Supremo (TS) el recurso en contra de las prospecciones petrolíferas porque están a la espera de que el Ministerio de Industria complete el expediente que les fue remitido. “Faltaban más de 20 documentos, lo que pone en evidencia la chapuza jurídica y administrativa” en la que ha incurrido el Departamento dirigido por José Manuel Soria.

En respuesta a una pregunta presentada por el grupo parlamentario popular, Spínola ratifica que el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han iniciado distintas acciones en contra de la actividad petrolífera en aguas canarias, entre las que destaca el recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto que aprobó el Gobierno central. “Se trata de un largo proceso judicial que está solo en su inicio y que llevará años. Tan al principio estamos que ni siquiera hemos presentado aún los recursos”, indica.

El Supremo ha dictado dos autos que, según el consejero, no se pronuncian sobre el fondo del asunto: uno de ellos desestima la suspensión cautelar de los permisos, “lo que no tiene mucha trascendencia porque el comienzo de los trabajos está supeditado a que se supere la evaluación medioambiental, cosa que dudamos que pueda conseguir”. El otro entiende que no se ha vulnerado la sentencia de 2004 que anuló la anterior autorización, “aunque con una importante novedad: se considera que Industria sólo ha procedido a modificar el Decreto anulado y no a enmendarlo, lo que creemos que desmonta la estrategia del Ministerio para resucitar unas autorizaciones que en nuestra opinión son jurídicamente inviables”.

El consejero advierte que una contaminación del entorno costero de las islas orientales por la actividad de las perforaciones petrolíferas, “podría ocasionar el colapso de toda la producción de agua potable para población, al depender al 100% de plantas desaladoras que obtienen agua del mar”. Spínola mantiene que “existen importantes y poderosas razones para rechazar las prospecciones petrolíferas que el Gobierno de España ha autorizado en aguas canarias, frente a las costas de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura”. Entre ellas cita que los trabajos se concedieron sin contar con los preceptivos informes legales que las normativas europeas y españolas exigen sobre el impacto de esta actividad en el medio ambiente, así como en materia de libre competencia.

Además, la catástrofe en abril de 2010 de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México contaminó más de mil kilómetros de costa, lo que bajo el punto de vista del consejero supone “un ejemplo claro, reciente y muy evidente del enorme riesgo que entraña esta actividad en la naturaleza, pese a las nuevas tecnologías y las medidas que puedan implementarse para reducir riesgos”.

En el caso de Canarias las prospecciones se van a llevar a cabo en una zona que registra frecuentes movimientos sísmicos y, de hecho, en 2012 el Instituto Geográfico Nacional, detectó varios seísmos de magnitud superior a 2,5 en la escala Richter. Spínola aparte relata los motivos ya defendidos en otras ocasiones, como que Canarias representa uno de los principales destinos turísticos para más de dos millones de ciudadanos europeos. Si a ello se une que tanto Lanzarote como Fuerteventura cuentan con una de las tasas de paro más alta de España y que ésta solo es atenuada por la actividad turística, se estima que la implantación de esta industria supondría una amenaza “a gran escala para el empleo y el turismo”.

El consejero recuerda que las prospecciones han generado una “honda preocupación” en el sector turístico y por ellos principales touroperadores europeos y sus asociaciones han manifestado “su profunda inquietud” por las consecuencias que la industria del petróleo pudiera ejercer sobre el medio ambiente y sobre el turismo en las Islas Canarias.

Igualmente, el Ejecutivo canario se ha dirigido a Soria para solicitar que reconsidere las autorizaciones por el impacto que la actividad petrolífera pudiera generar en el medio ambiente y en el turismo. Aparte de ello, las islas de Lanzarote y Fuerteventura están declaradas en su totalidad territorial, junto con La Palma, La Gomera, El Hierro, y casi el 50% de la de Gran Canaria, como Reservas Mundiales de la Biosfera por la Unesco de las Naciones Unidas, y contienen numerosos hábitats y espacios protegidos por la Unión Europea y por tratados internacionales muy diversos como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES de la OMI), ZEC´s, ZEPA´s, IBA,s, CITES, Lista Roja de la UICN, Convenio de Ramsar, Convención de Bonn, Red Natura 2000, entre otros.

Prueba de la importante biodiversidad es que Canarias alberga 19.550 especies y 693 subespecies de flora y fauna, de las que 4.021 y 625 respectivamente son endémicas. Además, a nivel mundial, son veinte las áreas marinas fundamentales para la protección de los mamíferos marinos y nueve son catalogadas como cruciales porque afectan al 84% de todas las especies de mamíferos marinos siendo una de ellas el noroeste de África, con las Islas Canarias incluidas como una de las áreas de mayor densidad de cetáceos del planeta. El consejero indica que las principales organizaciones mundiales de conservación y de investigación ambiental han rechazado rotundamente este proyecto petrolífero, entre ellas la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), WWF, Océana, Seo/BIRDLIFE, Greenpeace, y universidades europeas y de EEUU, entre otras.

El Gobierno y el Parlamento de Canarias, muchos ayuntamientos de las siete islas, los máximos órganos de gobierno de Lanzarote y de Fuerteventura, grupos políticos, y decenas de entidades científicas, culturales, deportivas, profesionales, así como miles de personas de Canarias, han manifestado su rechazo al proyecto petrolífero. Por ello, Spínola ruega a la Cámara regional que cite a estas administraciones públicas y privadas “para que comparezcan ante el Parlamento y expongan las ilegalidades y los riesgos que esta actividad industrial representa para nuestro futuro y nuestro modelo de vida”.

Paralelamente se ha llevado a cabo una estrategia para internacionalizar el conflicto “y por tanto, de denunciar internacionalmente ante la ONU y el Parlamento europeo unas prospecciones que van en contra del medioambiente y del turismo. Se han presentado quejas ante la Unión Europea contra el Real Decreto de autorizaciones por vulnerar normativa europea, en particular distintas directivas medioambientales y de defensa de la competencia, que ya está investigando la Comisión”.

Además, se están llevando a cabo otras iniciativas ante el Parlamento europeo, como preguntas, comparecencias ante la Comisión de Peticiones, y varias iniciativas como la presentación de propuestas de enmiendas a los distintos grupos políticos del Parlamento europeo. La intención es que estas alternativas se introduzcan en la normativa europea que regula las extracciones de hidrocarburos mar adentro, en curso de modificación como respuesta a la catástrofe producida en 2010 como consecuencia precisamente del hundimiento de la plataforma petrolífera del Gofo de México.

Por último, se está propiciando la celebración de charlas, conferencias y debates públicos para informar a los ciudadanos de las consecuencias perjudiciales de estas actividades extractivas. “En definitiva, se están llevando a cabo, y se seguirán llevando a cabo, un conjunto de acciones institucionales, jurídicas, políticas y sociales dirigidas a evitar que se ponga en peligro la rica biodiversidad y la economía canaria basada en el turismo como consecuencia de unas extracciones petrolíferas altamente contaminantes en el entorno del archipiélago canario que sólo benefician a intereses privados”.