El frente de Las Teresitas sigue a nombre del Ayuntamiento de SCTF
Cinco años después de que el Tribunal Supremo (TS) emitiera una sentencia firme por la que anulaba la compraventa del frente de Las Teresitas las once parcelas siguen aún inscritas a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz en el Registro de la Propiedad. Hace dos años el Supremo emitió otros fallo judicial por el que ratificaba que la forma de ejecutar la sentencia inicial pasaba por dar como efectivamente anulada la adquisición y por lo tanto las once parcelas tenían que volver a sus propietarios originales, la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT).
La anulación se debió a que el Ayuntamiento no incluyó en el expediente una tasación elaborada o firmada por la arquitecta municipal que en aquel entonces era Pía Oramas y que luego denunció haber sufrido presiones para ratificar el precio que se le indicaba por sus superiores. Una vez que en 2010 el Supremo daba por definitivamente anulada la compra se abría la puerta a que se entablara una negociación para dar cumplimiento a esta sentencia y en caso contrario se emplazaba a las partes a que acudieran a la vía civil.
Hace un año el secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, en una sesión plenaria anunció que habían llevado el contenido de esta sentencia al Registro de la Propiedad donde habían realizado una “anotación preventiva” para que los terrenos volvieran a sus propietarios iniciales. Pero lo cierto es que tal y como ha confirmado el concejal de Urbansimo, José Ángel Martín Bethencourt, “esa información no fue del todo correcta y los terrenos siguen a nombre del Ayuntamiento hasta que se resuelva el pleito civil”.
Este procedimiento se inició a principios del verano del año 2010, momento en el que ILT presentó lo que se denomina demanda previa a la vía civil. La propuesta de la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia pasaba por no devolver los 53 millones de euros que en su momento costó la compra de estos terrenos y además recibir otros 16 millones más en distintos conceptos como eran indemnizaciones, daños, intereses y gastos. Los abogados de ILT consideraban entonces que se les debían abonar 10 millones más al ser este el sobreprecio que calculan a las parcelas, aparte de otros cinco millones en concepto de intereses. A esta cantidad había que sumarle las indemnizaciones que ascenderían a 137.000 euros. Todo ello acumularía otros 16 millones que debían añadirse a los 53 pagados en el año 2001 por el Ayuntamiento.
Al no aceptarse esta propuesta la Corporación local optó por acudir al Registro de la Propiedad para devolver los terrenos. La respuesta de ILT fue entonces presentar la demanda civil pidiendo esta vez 116 millones de euros, -la cantidad anterior pero casi multiplicada por díez- lo que a su vez se contestó desde el Ayuntamiento con la solicitud de que se le pagaran 76 millones que son los 53 que se abonaron por los terrenos más otros por diversos conceptos.
La Corporación local llegó incluso a amenazar con expropiarle a ILT los terrenos que aún están a su nombre en Montaña Morera y endosarles el coste de la construcción y el mantenimiento mensual del edificio de aparcamientos y centro comercial conocido como mamotreto que en parte se encuentra en los terrenos en litigio. En estos momentos el contencioso se dirime en el Audiencia Provincial donde se está determinando si una demanda como es la interpuesta por ILT puede ser respondida por otra presentada por el Ayuntamiento.
La cuestión es cómo resolver la sentencia que anuló la compraventa. Para el colectivo El Rincón que fue el que en su momento presentó el recurso la única solución posible es que ILT devuelva el dinero sin más y que el Ayuntamiento haga lo propio con los terrenos. “Aquí no cabe otra posibilidad sino que los empresarios asuman que han hecho un mal negocio y punto”, dijo el abogado del colectivo y concejal del Ayuntamiento, Pedro Arcila. Desde la Gerencia de Urbanismo, sin embargo, no se descarta que finalmente se adopte la alternativa ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que pasaba por realizar una nueva tasación de las parcelas, ajustar el nuevo precio y descontar las ganancias obtenidas con la venta de Las Huertas a una entidad llamada Desurcic que está formada por la aseguradora Mapfre e ILT por 95 millones de euros en el año 2006.
Al respecto se recuerda que estos terrenos fueron recalificados de turísticos a residencial y que toda la volumetría que supuestamente se iba a construir en el frente se transfirió a este área. Dentro de la causa penal se realizó una tasación que determinó que los terrenos comprados por el Ayuntamiento no valían más de 15 millones de euros y ello es así dado que un tercio eran de dominio público de Costas y en la mayor parte del resto nunca se hubiese podido construir al estar en vigor la moratoria turística. Pero es que además la propia Fiscalía Anticorrupción indica que los terrenos adquiridos se sitúan en pendientes con lo cual en su querella del año 2006 se concluyó con que “el Ayuntamiento sólo compró riscos y acantilados”.
