La justicia blinda la “buena fe” de González y Plasencia
Los vecinos de Montaña Morera en la trasera de Las Teresitas han recibido el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con mucha cautela y desde luego sin el mismo optimismo que el demostrado por la Gerencia de Urbanismo. De hecho, en esta resolución judicial se deja claro que el acuerdo que se tome en la asamblea de la Junta de Compensación no podrá ir en contra de “los terceros adquirientes de buena fe”, a no ser que se acuda a la vía civil.
Por lo tanto el TSJC blinda los intereses de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), dirigida por Antonio Plasencia e Ignacio González, que son titulares de los terrenos de Montaña Morera y de Mapfre que lo es de Las Huertas. La portavoz de los residentes de Montaña Morera, Dolores Jutta Redbrow indica que el auto en realidad se circunscribe únicamente a este grupo de medio centenar de viviendas que a partir de 1989 desaparecieron del Registro de la Propiedad y cuyos terrenos fueron vendidos en 1998 por la Junta de Compensación, a la que no pertenecían, a ILT sin su permiso.
Esta vecina se muestra totalmente en contra de acudir a la vía civil y cree que la única alternativa es devolver sus propiedades a la situación en la que estaban en el año 89. Rebrow rechaza la posibilidad que se plantea en el auto llegar a un acuerdo con los compradores de los terrenos porque cree que la sentencia del 2007 sólo se puede cumplir devolviendo los terrenos a la situación que tenían en el año 1989. En ese momento se llevó a cabo un proyecto de reparcelación que luego fue anulado.
De hecho, en todo el auto no se hace ni una sola mención a Las Huertas donde más de cien propietarios también fueron despojados de sus propiedades. La diferencia es que estos últimos sí pertenecían a la Junta y además reclaman una indemnización económica, mientras que en Montaña Morera sólo quieren que sus casas y terrenos vuelvan al momento anterior de proyecto de compensación.
El auto emitido ahora desde luego no coincide del todo con la versión ofrecida a través de una nota de prensa por la Gerencia de Urbanismo. Así el TSJC recoge que los ciudadanos conocidos como los extranjeros pertenecían a la Junta, lo que estos niegan radicalmente. Por lo tanto éstos únicamente tendrían derecho a una indemnización hasta el punto de que en el pronunciamiento se indica que los demandantes, “verán satisfecho su interés por esta vía económica” a través de “una indemnización sustitutoria”.
Aspecto que rechazan de plano, ya que según señalan, su única intención es seguir residiendo en las que han sido sus viviendas durante al menos medio siglo. Por ello, se emplaza a las partes a que en caso de no llegar a un acuerdo, que nunca podrá ir en contra del principio de buena fe de los compradores, acudan a la vía civil, lo que alargaría este pleito durante muchos años más y ocasionaría numerosos gastos añadidos.
Lo único positivo que ven en el auto es que se deja clara la obligación de proceder a convocar en el plazo de un mes una reunión de la Junta de Compensación a la que se deben citar a todos los miembros de la entidad. Así se nombra expresamente a Jutta Redbrow, “y a las personas que se encuentren en su misma situación” para que manifiesten sus alegaciones, “con toda la extensión que convenga a sus derechos”.
Sin embargo, acto seguido y de forma contradictoria se apunta que no podrán comparecer en la asamblea los vecinos que no se incorporaron de forma voluntaria a la Junta, cuando precisamente ese es el caso de los extranjeros. La reunión estará supervisada por el Ayuntamiento, que incluso podrá suplir “la inactividad o reticencias del presidente”, Jerónimo Delgado, actualmente acusado de apropiación indebida y la Corporación local está capacitada para asumir la dirección de la asamblea.
Redbrow, considera que si ahora es posible resolver el entuerto que comenzó casi un cuarto de siglo, será únicamente porque la Gerencia de Urbanismo muestra en estos momentos una intención clara de ponerse de su lado. De hecho, en este pleito Redbrow aparece como demandante y el Ayuntamiento como demandado por lo que en sentido estricto si la Corporación local considera que ha ganado este contencioso ello supondría que los vecinos lo han perdido.
Redbrow también recuerda que este fallo emitido por el TSJC en 2007 sólo afecta en realidad de forma directa al grupo de edificaciones de Montaña Morera aunque los vecinos de Las Huertas también podrán personarse de esta sentencia e intentar obtener algún resultado favorable para sus intereses. Y es que las situaciones son totalmente diferentes. Mientras que en el primer caso se trata de personas que no estaban integradas en la Junta de Compensación en el segundo sí que pertenecían a esta entidad aunque por diferentes circunstancias, al menos un centenar de ellas, nunca recibió dinero alguno.
En Montaña Morera basta con que se acuda al Registro de la Propiedad y se vuelva a la situación que existía en 1989 cuando se aprobó el proyecto de reparcelación, -que fija las obligaciones y beneficios entre los miembros de la Junta-, pero sin embargo, en el caso de Las Huertas habrá que indemnizar a los anteriores propietarios. Y en este punto surge la duda de a quién corresponde esta obligación, ya que la Junta tan sólo contaba en 2006 con un saldo de 5.000 euros, frente a los cerca de 5,2 millones que se les adeudan a los antiguos propietarios que resultaron estafados.
Esta vecina se muestra desconfiada sobre la resolución judicial. Así indica que “nos parece increíble que se siga diciendo que esta empresa compró de buena fe cuando cualquier persona sabe que aquí hay casas y vive gente, pese a que en el Registro de la Propiedad sólo aparecen algunos pajeros y estanques”. La vecina subraya que después de conocer el fallo judicial, “sigo bastante preocupada y no soy tan optimista como el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, aunque también hay que decir que gracias al cambio de rumbo político en el Ayuntamiento todavía podemos albergar esperanzas de que esto se resuelva”.
Rebrow indica que ni ella, ni ningún otro residente de Montaña Morera están dispuestos a aceptar cantidad alguna a cambio de sus viviendas, mientras que en el caso de Las Huertas la mayoría de los antiguos propietarios sí opta por una compensación económica. “Este pleito lo iniciamos nosotros, lo ganamos nosotros y por supuesto que esperamos que de él se puedan beneficiar los demás vecinos de esta zona, pero lo cierto es que las circunstancias son totalmente diferentes y no sé cómo se van a poder solucionar a la vez situaciones tan radicalmente distintas”.
El nombre de esta ciudadana aparece en el listado del proyecto de reparcelación ya anulado como que recibió 9.000 euros por una vivienda unifamiliar de más de 100 metros cuadrados rodeada por unos enormes jardines. Ella niega haber cobrado nunca cantidad alguna por parte de la Junta o de ILT, “porque ni quiero ese dinero, ni dejar de vivir en la que ha sido siempre mi vivienda”.
Pero al menos, en la parte positiva de este auto, ve que tal y como se sentenció en 2007, ahora se les da por primera vez la posibilidad de que puedan hacer patentes sus alegaciones ya que en el año 1989 ni se les citó a las reuniones ni se les dio cuenta de los acuerdos. Por ello, en 2000 comenzaron a comprobar con enorme sorpresa como sus propiedades aparecían a nombre de ILT y las viviendas desaparecían del Registro.
Ahora desde este último Departamento se les ha asegurado que para volver a restablecer la situación anterior a 1989 basta con que así lo ordene el Juzgado o el Ayuntamiento. “Por ello lo único que ha cambiado en todo este tiempo es que ahora la Gerencia de Urbanismo se ha puesto de nuestro lado, mientras que antes cuando Miguel Zerolo era alcalde, fue siempre nuestro enemigo”.
