El límite a la bonificación, camino al Constitucional
El Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) ha presentado una iniciativa junto al Grupo Socialista para que el Parlamento de Canarias acuerde la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional Décimotercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que contempla un posible límite a la subvención al transporte de pasajeros.
Según ambos grupos, se aprobó “sin el preceptivo informe a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Constitución y el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y sin que ni siquiera se haya requerido la audiencia de la Cámara que se refiere el texto estatutario”.
La iniciativa se debatirá en la próxima sesión plenaria que se celebrará los días 5 y 6 de febrero en el Parlamento de Canarias, informan los nacionalistas en una nota.
En concreto, la Constitución establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), “una modificación que el Estado realiza al intentar modificar ese régimen de subvenciones”, requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico, explica el diputado José Miguel Ruano.
El Estatuto de Autonomía de Canarias también establece que el REF sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la Constitución, previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.
Según Ruano, la Disposición Adicional Décimotercera de la Ley de Presupuestos del Estado prevé que por Orden Ministerial podrán establecerse cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo distinguiendo entre los diferentes mercados afectados hasta no aplicarse ayuda alguna a los importes que superen ese nivel considerado objetivo, “lo que supone una limitación evidente del derecho hasta ahora reconocido a favor de los residentes canarios, sustentado en el hecho objetivo de nuestro alejamiento y que se reconoce en los principios emanados de la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.
Continuidad territorial
Además, apunta que el Ministerio de Fomento ha iniciado los trabajos para la aprobación del techo que “parece” establecerá en el entorno de los 60 euros por trayecto para un billete entre Canarias y Península, por lo que todos los billetes que superen un precio de 120 euros por trayecto solo recibirán los 60, “lo que produce de facto una merma de la ayuda que hasta ahora se situaba en el 50% del billete sin límite objetivo alguno”.
Para José Miguel Ruano, dicha regulación pudiera ser contraria al principio de continuidad territorial que se deduce de la regulación contenida en el REF, “y que ha sido complementada en diversas leyes de acompañamiento de los presupuestos estatales que han sido informadas por el Parlamento de Canarias”.
En esa línea, recuerda que “no es la primera vez” que el Parlamento de Canarias utiliza la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para plantear un recurso de inconstitucionalidad sobre un asunto del que debía informar la Cámara.
