El pasaje de la patera, en ''extrema vulnerabilidad''
Las secciones territoriales de la Asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han denunciado “la situación de extrema vulnerabilidad” en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes víctimas del accidente ocasionado como consecuencia del choque de la patera en la que viajaban con una patrullera averiada de la Guardia Civil, en la isla de Lanzarote.
En un comunicado conjunto, recuerdan que “la medida de internamiento en un CIE supone una privación de libertad para personas que no han cometido delito alguno”, por lo que sostienen que debe valorarse como una medida a acordar en última instancia y cuando exista constancia de que se va a poder hacer efectiva la medida de expulsión o devolución, así como cuando no existan familiares o personas cercanas con las que dichas personas puedan residir.
“Condenamos enérgicamente la adopción de medidas de internamiento gratuitas o de modo automático sin hacer valoraciones a cada caso concreto, máxime en el caso de víctimas de un accidente que necesitan toda la ayuda, el sosiego, la asistencia sanitaria y médica posible para poder superar un accidente que les ha ocasionado lesiones, en el que ha corrido riesgo su vida y en el que han visto morir a sus compañeros”, apuntan.
Denuncian que el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco es “un antiguo centro penitenciario con deficitarias y mínimas condiciones de habitabilidad e higiene, atención médica y limitación en la comunicación y libertad”, por lo que claman por la necesaria protección de los derechos fundamentales en el mencionado centro y en concreto el derecho a la integridad física y moral, a la no discriminación y a la asistencia sanitaria y letrada.
Debido a ello reivindican la figura de juez de control de los Centros de Internamientos de Extranjeros como órgano, “que tiene y debe utilizar todos los medios a su alcance para garantizar, como hasta ahora se ha hecho, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a reconocimiento por médico forense y el derecho a la dignidad de la persona”.
Además, sobre la polémica suscitada por las dudas acerca de la mayoría de edad de uno de los inmigrantes que colisionó con la patrullera, que ha dado pie a un recurso de la Fiscalía contra un auto de la juez de vigilancia del CIE, estas asociaciones recuerdan que “basta una mera probabilidad de que sea menor para así estimarlo, de modo que las dudas entre la mayoría o minoría de edad, éstas deben resolverse siempre a favor de la minoría”. De certificarse que el inmigrante es menor, obligaría a las autoridades españolas a trasladarlo a un centro específico.
